Blázquez defiende la Constitución como el mejor garante de «la convivencia, la concordia y la unidad» de los españoles

El cardenal de Valladolid aprovechó su mensaje de bienvenida a los obispos que participarán esta semana en la Asamblea Plenaria para defender sin fisuras el marco constitucional como el mejor garante de «la convivencia, la concordia y la unidad» de todos los españoles.

El prelado recordó que «el éxito de la Transición con el fruto de la Constitución fue motivo de serenidad que no puede ser cuestionado rompiendo el acuerdo con el que fue aprobado». «La Constitución no tiene fecha de caducidad ni está limitada a algunas generaciones. Está abierta a posibles reformas para las cuales la misma Constitución ha indicado el procedimiento», aseguró el prelado, quien pidió «que la tentación del caos no prevalezca sobre la unidad asegurada por la Constitución».

Ante la falta de referencias concretas en el discurso pronunciado por el presidente de la Conferencia Episcopal, el portavoz de los obispos, monseñor Luis Argüello, precisó minutos después de terminada la sesión inaugural que «en un momento en que el texto constitucional está puesto en entredicho por la situación territorial en Cataluña y por el debate abierto por Celaá en torno al artículo 27 es importante pedir que se respete el marco de referencia» que se han dado todos los españoles a través de la Constitución.

Durante su mensaje inaugural de la plenaria de los obispos, el cardenal Blázquez también defendió la libertad de enseñanza en el marco de un derecho más amplio: el de la libertad religiosa.

Unos días después de que de que la ministra de Educación en funciones negara el amparo constitucional de la libertad de elección de centro y de que PSOE y Podemos anunciaran un acuerdo para la formación del Gobierno , el cardenal subrayó el deber del poder civil de «respetar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa que esté de acuerdo a sus propias convicciones».

Según explicó, la libertad religiosa «está en el cimiento de los demás derechos de la persona» por lo que «debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad».

Sin ánimo de confrontar con un posible nuevo Gobierno PSOE-Podemos pero sin desatender los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en la propia Constitución, el cardenal recordó que la libertad religiosa tiene una dimensión que es social, ya que la persona «tiene derecho a vivir en sintonía la existencia personal, familiar y social».

Tomando como referencia la declaración «Dignitatis humanae» del Concilio Vaticano II y el documento «La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia» de la Comisión Teológica Internacional, el presidente del Episcopado subrayó en su discurso escrito —pero no leído— que en pro de «una pretendida neutralidad ideológica» del Estado «se impone la marginación, cuando no la exclusión de las expresiones religiosas de la esfera pública y, por lo tanto, de la plena libertad de participación de la ciudadanía democrática».

El segundo reto que planteó el presidente de los obispos fue la legalización de la eutanasia , que figura de forma explícita en el acuerdo de Gobierno alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Citando la declaración conjunta de judíos, cristianos y musulmanes sobre el final de la vida del pasado 28 de octubre, el cardenal de Valladolid recordó que no estamos ante cuestiones «únicamente de orden confesional o religiosa» sino que compete a “«todos los hombres y mujeres».

«Nos oponemos a cualquier forma de eutanasia así como al suicidio asistido médicamente porque contradicen fundamentalmente el valor inalienable de la vida humana», afirmó el cardenal, quien pidió promover «de la forma más completa y posible» los cuidados paliativos.

Ante la manipulación de la opinión pública sobre una cuestión tan delicada como la eutanasia, el cardenal urgió a «no instrumentalizar la crueldad del dolor del enfermo, silenciando la ayuda de los cuidados paliativos». En este sentido advirtió de que la misión de la medicina —que es cuidar al enfermo incluso cuando no hay cura— «no se cumple sin el respeto a la dignidad inviolable de la vida humana y sin la generosidad de las personas, de las familias, de la sociedad y del Estado».