Adoctrinar en Cataluña no se paga: celo contra el discrepante

El inspector educativo Jorge Cantallops se atrevió a alzar la voz públicamente contra el adoctrinamiento el 16 de octubre de 2017. Tres días después, la Subdirección General de Inspección de Cataluña, que depende de la Generalitat, le abrió un expediente sancionador «por incumplimiento de funciones». Se le acusó de una «falta grave». Cantallops afirmó que «en algunos centros, gracias a determinado profesorado, hay tareas, murales, banderas sectarias y pancartas que perfectamente podrían calificarse de adoctrinamiento escolar y partidista». Añadió que e sto ocurre «con el conocimiento y la inacción de responsables públicos».

Denunció también el incumplimiento de sentencias lingüísticas firmes. No obstante, su queja más relevante fue que, una vez colocados los centros en el foco del 1-O, «no se diese ninguna instrucción a la Inspección para que estuviese especialmente vigilante». «El Gobierno autonómico ha utilizado recursos públicos para actividades partidistas ilegales y antidemocráticas», denunció. La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) exigió la retirada del expediente disciplinario al entender que supone un «ataque frontal y totalitario del Govern de la Generalitat a la libertad de expresión y a la independencia y autonomía de la inspección de educación en Cataluña». «El expediente es un atropello a la libertad de expresión de este cuerpo, que está controlado por la Generalitat», denunció el presidente de USIE, Jesús Marrodán.

El sindicato exigió el «sobreseimiento del citado expediente» yrecordó que actualmente el cuerpo de inspectores cuenta con un 80 por ciento del colectivo integrado por inspectores interinos, tal como avanzó ABC el 19 de octubre de 2017. El caso fue finalmente sobreseído a finales de ese año en el contexto de aplicación del artículo 155, mientras que en el Congreso eran rechazadas dos iniciativas legislativas de Cs y PP que pretendían, articular una nueva Alta Inspección independiente, en el caso de Cs, y reforzar la existente, en el caso del PP.

2. El mosso que recordó que «la república catalana» no existe

La unidad de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra propuso sancionar al policía que, durante una concentración independentista, recordó lo obvio a un agente rural que participaba en la marcha: «¡La república (catalana) no existe, idiota!». Fue el pasado 21 de diciembre, en la concentración que el secesionismo radical convocó para asediar el Consejo de Ministros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , había convocado ese día en Barcelona.

Pues bien. Asuntos Internos, dependiente de la Consejería de Interior de la Generalitat, consideró que la actitud del policía « podría ser constitutiva de una falta tipificada como leve », según recogía el expediente que adelantó ABC. Fuentes de este departamento recalcan, no obstante, que el expediente sería por el insulto y no por la expresión sobre la república. Por una falta leve se le impondría una de las tres sanciones siguientes: una amonestación por escrito; un total de 14 días sin empleo ni sueldo, o lo que podría ser peor, su traslado a otro centro de trabajo dentro de la misma localidad. El abogado del agente, no obstante, ya ha presentado un recurso que todavía está pendiente de resolverse.

3. Urbano expedientado por lucir una bandera española en la muñeca

El Ayuntamiento de Barcelona expedientó en 2016 a un agente de la Guardia Urbana que, mientras estaba de servicio, lucía una muñequera con una gran bandera española. Se negó a quitársela cuando sus susperiores se lo ordenaron. Ocurrió el 28 de mayo de aquel año, durante una marcha convocada por simpatizantes de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios en contra de la alcaldesa, Ada Colau.

El motivo de las quejas era que el Consistorio había expulsado a la hermandad de unos terrenos que usaban en el distrito de Sant Andreu. En esa marcha, y estando de servicio, el agente portaba la muñequera junto al uniforme oficial del cuerpo policial municipal. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideraron que el agente, con su actitud, causó «perjuicio a la imagen del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona, que debe actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad». El agente, además, había desobecido durante la protesta la orden de un mando de quitáserlo.