Las 26 medidas contra la violencia de género que serán implementadas en 2018

De la reunión de más de tres horas entre el Ministerio, las regiones, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, salieron dos compromisos. El primero, el de ejecutar de forma prioritaria 26 medidas de las 213 que contenía el Pacto aprobado en el Congreso el pasado mes de septiembre. Entre las que se pondrán en marcha en 2018, está la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, mejor coordinación entre juzgados y administraciones, la elaboración de estudios sobre la situación de los menores o nuevas campañas informativas sobre violencia sexual.

El segundo compromiso que salió adelante ayer fue el de la financiación necesaria para poder poner en marcha estas medidas. Montserrat se comprometió con las comunidades a destinar durante el primer trimestre del año 200 millones de euros, haya acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado o no. De ellos, 100 se repartirán entre las comunidades, 20 serán para los ayuntamientos y 80 para el Gobierno. Falta por determinar los criterios de reparto entre las regiones, que serán elegidos por un grupo de trabajo específico y la Conferencia Sectorial.

En concreto, en la Conferencia Sectorial de Igualdad de ayer se aprobó el texto del Congreso y se determinó la toma en consideración del informe del Senado y las propuestas hechas por las comunidades autónomas en los últimos dos meses, pese a que en un primer momento se habló de refundir todos los textos en uno. Por ello, el acuerdo estaba listo desde el pasado mes de noviembre, pero se aplazó para que no interfiriese con las elecciones catalanas. «Si no hubiese habido periodo electoral, desde el 30 de noviembre estábamos en disposición de convocar la Conferencia», explicó Montserrat.

En total, el pacto prevé una dotación de 1.000 millones para los próximos 5 años. A lo largo de un lustro 100 millones serán gestionados por los ayuntamientos, 500 por las comunidades y 400 por el Gobierno. Precisamente la cuestión monetaria para el próximo año era un punto de fricción con las comunidades. «Necesitamos un presupuesto que se gestione de manera eficaz y rápida, modificaciones legislativas y una homologación en el sistema de acreditación de víctima en todo el Estado», reivindicó ayer la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez a la salida de la sectorial. «En los tres primeros meses del año tiene que estar la financiación para lucha contra la violencia machista encima de la mesa», reclamó por su parte la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, porque «sin recursos y sin medios no se puede combatir la violencia machista».

Con la garantía del Gobierno de que reservará los 200 millones, quedaban las medidas de 2018. Entre ellas se incluyen mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, medidas para la sensibilización y la educación, y la formación de los profesionales que intervienen en estos casos.

Sin embargo, las medidas tendrán tiempos de implementación diferentes . Para las de ámbito sanitario, como la agilización de protocolos de atención primaria, la ministra explicó que se ha trabajando ya en ello y se pondrá en marcha en cuanto el Consejo Interterritorial de Salud dé luz verde, previsiblemente en enero. Por su parte, las iniciativas que afecten al ámbito educativo, como las destinadas a la prevención de la violencia de género o el refuerzo de la inspección, serán implementadas en el Pacto Educativo.

Las medidas que requieren un cambio legislativo serán las más lentas. A partir de la primera semana de enero , Sanidad y Justicia trabajarán conjuntamente para elaborar un calendario de las reformas necesarias, según pudo saber Abc.

Mientras, algunas normas ya han sido implementadas , afirmó la ministra, como el lanzamiento de campañas de concienciación con el foco puesto en el maltratador. También se han creado varios grupos de trabajo. Uno interministerial y otro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con las comunidades. En este último caso, habrá seis subgrupos que trabajarán en torno a diez ejes, como la detección, sensibilización y formación en violencia; la respuesta institucional y coordinación; la asistencia y protección a las víctimas; otras formas de violencia o compromiso económico y seguimiento del pacto.

— Medidas de sensibilización y prevención (6 medidas): prevención de violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, refuerzo de inspección educativa y formación del profesorado y personal sanitario.

— Mejora de la respuesta institucional (3 medidas): mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y acreditación de situaciones de violencia para acceder al estatuto integral de protección.

— Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas (una medida): protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario.

— Asistencia y protección de los menores (6 medidas): suspensión del régimen de visitas, estudios sobre la situación de los niños, el régimen de visitas, refuerzo del apoyo y asistencia y prohibición de que el padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores.

— Impulso a la formación de los distintos agentes (4 medidas): se amplía la formación de profesionales de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados y procuradores.

— Seguimiento estadístico (una medida): transmisión de información que posibilite el cumplimiento de todas las medidas relacionadas con los estudios y recopilación de datos estadísticos previstos en el Pacto.

— Recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones (2 medidas): a través de acuerdos con la Comisión Nacional de Estadística Judicial y con las comunidades autónomas para las víctimas de trata.

— Visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres (3 medidas): campañas informativas, fomento de la investigación y protocolo común para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina.