La Rioja, la que más se preocupa de su medio ambiente; Aragón, la que menos

Entre las conclusiones generales del trabajo figura, por ejemplo, la vinculación «entre las infraestructuras inútiles y los escándalos por corrupción y el despilfarro de dinero público; también entre una política energética dictada por las eléctricas y las enfermedades y pobreza energética, o entre la gestión forestal y las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales», ha dicho la organización en un comunicado.

María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace, ha asegurado que «esta radiografía permite demostrar que el medio ambiente es una de las principales víctimas de la crisis y es la ciudadanía quien sufre las consecuencias». Entre estos casos destacarían por su gravedad, según la organización ecologista, «la contaminación que sufre la ciudad de Madrid (donde cada año se producen 2.000 muertes prematuras debido a la polución y es la quinta ciudad europea por la cola en calidad del aire, según han declarado) y las centrales térmicas de carbón, a las que cada año se asocian medio millar de fallecimientos anuales». Además ha señalado que este informe es una «llamada de atención» a políticos e instituciones y ha asegurado que «el Ministerio de Medio Ambiente tiene una responsabilidad muy importante».

Respecto a la corrupción, si bien la costa ha sido el principal escenario donde la destrucción del medio ambiente ha venido precedida de escándalos urbanísticos, estos también se han producido en el interior. Solo en 2011 se iniciaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas.

La organización ecologista también destaca los casos de puertas giratorias, donde el más preocupante está en la persona de la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina , que durante años fue directiva de Fertiberia, una empresa con el peor historial de contaminación del país.

Por lo que a los recortes medioambientales se refiere, Greenpeace destaca «la tendencia actual por la privatización de la gestión del agua que ya afecta a la mitad de los municipios del país» y que «durante estos años sin sequía declarada, no se hayan llevado a cabo medidas para paliar sus efectos cuando con toda seguridad vuelva a suceder».

Respecto a las grandes infraestructuras que suponen grandes impactos medioambientales pero que luego suponen un fiasco que hay que pagar con dinero público, destacan casos como el del almacén de gas Castor , que podría suponer el pago de 1.350 millones de euros al grupo ACS, los 1.500 millones del aeropuerto de Ciudad Real o los 3.400 millones de las autopistas de peaje.

Finalmente, Greenpeace considera intolerable que en torno al 17% de los hogares en España (más de siete millones de personas) sufran pobreza energética mientras las empresas energéticas tienen ingresos millonarios gracias a una política del Ministerio de Industria hecha a medida.

En cuanto a lo que Greenpeace considera positivo, la organización ecologista señala la multiplicación de las movilizaciones ciudadanas, muchas veces exitosas, en defensa del medio ambiente: las protestas por todo el país contra el fracking, el almacén Castor o las prospecciones de petróleo en el mar son solo algunos ejemplos.

También son numerosos los casos en que los propios dirigentes políticos toman la iniciativa y protegen a la ciudadanía de las consecuencias de destruir el medio ambiente. «Es el caso de los numerosos municipios libres de transgénicos (más de 100 en toda España) o la oposición al fracking de siete Gobiernos autonómicos», resalta Greenpeace, que también hace hincapié en iniciativas pioneras como los proyectos de recogida de residuos puerta a puerta en municipios de País Vasco, Navarra y Cataluña, o el modelo energético 100% renovables de la isla de El Hierro.

Estos ejemplos y otros indicadores han permitido a Greenpeace elaborar un ranking de las comunidades autónomas en función de su índice de calidad ambiental, en función de diferentes temas como la agricultura, calidad del aire, costas, pesca, energía y cambio climático, protección y gestión del territorio, y la gestión de residuos. El informe ha sido elaborado por Abay Analistas Económicos y Sociales para Greenpeace y valora las comunidades sobre una puntuación máxima de 17.

Según este índice, las comunidades con más puntuación son La Rioja, Navarra y la Comunidad de Madrid, seguidas de Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias y Euskadi. La lista la cierran la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón.

«Todas las comunidades se sitúan entre un nivel de calidad ambiental medio y bajo por lo que en todas sin duda, existe un gran margen de mejora medioambiental», ha comentado Julio Barea, responsable del informe. «Junto al Gobierno central, las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad en la situación en la que se encuentra el medio ambiente en su territorio, es fundamental que hagan políticas para la ciudadanía y el entorno natural y dejen de hacerla de espaldas a ella», ha concluído.