Polémica en Portugal por un proyecto de ley para controlar a la prensa

El estupor es general ante la medida previa diseñada de cara a los próximos comicios generales, en otoño, y presidenciales, a comienzos de 2016.

El documento oficial se refiere a que los periódicos, radios y televisiones deberán presentar con antelación un plan de cobertura de la campaña electoral. ¿Y quiénes ejercerán de jueces? Pues los partidos políticos nombrarán una comisión que se creará a tal efecto.

Lo más fuerte es que, si los medios de comunicación no cumplen con el plan que les haya sido aprobado, se arriesgarán a pagar multas de hasta 50.000 euros.

Las primeras voces de protesta ya se han dejado oír. Así, el candidato a la presidencia de la República Henrique Neto ha declarado: «Los graves problemas nacionales no se resuelven con menos, sino con más democracia».

Si finalmente sale adelante este polémico proyecto de ley, ya comienza a gestarse una rebelión auspiciada por las principales empresas periodísticas.

Las conversaciones entre varios directores de periódicos apuntan a que, llegado el caso, se convocaría una especie de «huelga» sobre la cobertura electoral. Es decir, no se publicaría ni una línea sobre los actos de campaña.

El efecto de controversia se extiende. Y la sesión parlamentaria de este viernes 24 de abril estuvo marcada por semejante plan. Las intervenciones de algunos diputados apuntaban a que aún no ha sido aprobada la iniciativa y a que las negociaciones están en marcha. O sea, precaución al conocer que la sociedad puede levantarse en su contra.

La palabra «censura» trae a los portugueses un recuerdo similar a los españoles, pues el control de Salazar se fraguó en parecidos términos. Precisamente, se inaugura este fin de semana el Museu do Aljube, que se ubica en una antigua prisión política, muy cerca de la catedral, con una colección de objetos y documentos relativos a los abusos de la dictadura.