Medio Ambiente endurece la Ley de Montes para dificultar el uso de los suelos quemados

La novedad fue conocida esta semana por los grupos ecologistas, que mantuvieron una reunión con la ministra Isabel García Tejerina. En su redacción inicial, aprobada por el Consejo de Ministros en su primera reunión del año, se dejaba en manos de las comunidades autónomas la potestad de autorizar la construcción en los montes arrasados por los incendios, «justificando la existencia de un interés general prevalente y mediante el establecimiento de medidas compensatorias».

Ahora, el proyecto sólo permite el cambio del uso del suelo arrasado por «razones imperiosas de interés público de primer orden», palabras calcadas de la directiva comunitaria de Hábitats. Según fuentes ministeriales consultadas, se pretende «disuadir» los fuegos intencionados, a la vez que para los pirómanos serán fijadas sanciones que podrán llegar al millón de euros. La ley en vigor, aprobada en 2006, prohíbe el cambio de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años.

Pese a todo, el texto sigue sin ser del gusto de los ecologistas. Uno de los principales escollos es que el proyecto no obliga a realizar un plan de gestión, lo que los conservacionistas ven como «un grave retroceso».

Durante la reunión, los representantes de Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Seo/BirdLife, WWF y Greenpeace también manifestaron a la ministra García Tejerina su desacuerdo con que se limite a los agentes forestales su función como policías judiciales en la persecución de los delitos contra el medio ambiente.