La Generalitat aplaude la creación de los grados universitarios de tres años

El secretario de Universidades e Investigación, Antoni Castellà, recordó que se trata de una «reivindicación histórica» de Cataluña y subrayó el hecho de que el nuevo decreto incide en la flexibilidad del sistema universitario porque «no hubiera tenido ningún sentido pasar estrictamente a grados de 180 créditos». El responsable de Universidades destacó que la autorización para impartir grados de tres años se traducirá «en una mayor autonomía para el sistema universitario catalán», que podrá decidir cómo articula la oferta de titulaciones para incrementar «la calidad y la internacionalización».

Los rectores de las universidades catalanas, excepto el de la UPF, ven «inoportuno», «prematuro» y «precipitado» reformar la duración de los grados universitarios porque aún no han completado la anterior reforma que redujo a cuatro años algunas licenciaturas ni se ha evaluado aún el actual sistema.

El vicerrector de Política Académica y Calidad de la Universidad de Barcelona, Gaspar Rosselló, explicó a Efe que «las universidades no están en contra de la filosofía de reducir los grados, pero ven inoportuno hacerlo en este momento».

Rosselló recordó que fueron las universidades las que plantearon en 2003 «el modelo de 3+2» (tres años de grado y dos de máster), aunque ha reconocido que «para hacer este cambio se necesita antes hacer una reflexión sobre lo que se está haciendo». En este sentido, lamentó que el Ministerio no haya respondido a las dudas que las universidades le plantearon sobre esta reforma y anunció que las universidades catalanas quieren pactar que no se produzcan casos de ofertas de los mismos estudios con diferentes años.

Para Rosselló, la reforma «debe tener en cuenta que no se perjudique más aún económicamente a los estudiantes», ya que los másters son más caros que los estudios de grado.

El vicerrector de Profesorado y Programación Académica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Jesús Donaire, coincide en que «esta reforma es absolutamente inoportuna, porque aún no hemos acabado de desplegar los grados de la última reforma y no se ha hecho ningún informe de valoración del actual sistema». «Esta reforma sólo introduce más ruido. No es conveniente ahora, aunque hay argumentos en contra y a favor», asegura.

Para el vicerrector de la UAB, «la reforma tiene que tener como línea roja innegociable que no afecte a las tasas que ya pagan los estudiantes y no ir en detrimento de la igualdad de oportunidades».

«Tenemos el sistema de tasas universitarias más caras de Europa», denuncia Donaire. Recuerda que «esta reforma también puede perjudicar la financiación de universidades públicas».

El rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, Enric Fossas, indica en declaraciones a Efe que «el tema es más complejo» que la simple reducción de los grados «porque no todo es homogéneo», aunque ha considerado también que no es el momento aún de hacer esta reforma.

«Aún no se ha completado el círculo de la anterior reforma, en algunos grados aún no ha salido la primera promoción del nuevo sistema, que aún no ha tenido tiempo de completar ciclo y consolidarse, por lo tanto esta reforma es prematura», precisa.

Por su parte, el rector de la UPC admite que no están en contra «de reducir algunas cosas a tres años, pero con tiempo y después de hacer un análisis de las consecuencias académicas y económicas».

«Tiene que haber un planteamiento global de los estudios, una discusión académica de qué se tiene que hacer y una discusión económica de cómo afecta a las tasas que tienen que pagar los estudiantes, porque los gastos de máster son más caros que los de grado», advierte el rector de la UPC, que también es el presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas.

Fossas expresa su temor a que reducir a tres años de los grados y la introducción de másters haga perder estudiantes a las universidades, lo que redundaría en una peor financiación pública.

«La financiación pública se ha reducido un 20% en los últimos años y no podemos permitir otra reducción», ha alertado Fossas. El rector de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Casals, es el único que aplaude la aprobación del decreto.

Sin embargo, los sindicatos educativos, que organizaron protestas ante los rectorados de las universidades, consideran que el decreto «aumentará las desigualdades entre las universidades de una misma comunidad autónoma y empeorará la calidad del sistema educativo».