El Gobierno estudia desviar la reforma del aborto al Congreso para agilizarla

La reforma de la ley Aído, aprobada en marzo de 2010, estaba incluida en el programa electoral del PP en 2011, y desde entonces ha pasado por muchas vicisitudes. El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planteó una nueva ley, inspirada en la de supuestos de 1985, avalada por el Tribunal Constitucional, pero la falta de consenso y la respuesta airada de una parte de la población llevaron al Gobierno a retirar el texto. La dimisión posterior de Gallardón fue automática. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció entonces que habría reforma, pero se reduciría a lo que produce más consenso: la obligación del consentimiento paterno para que puedan abortar las menores de 16 y 17 años.

La nueva mini-reforma de la ley socialista en vigor se puso en manos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que entonces todavía dirigía Ana Mato. Se intentó introducir a través de una enmienda en la ley de la infancia, que nada tenía que ver con ese asunto, pero el informe del Consejo de Estado preceptivo resultó demoledor. El máximo órgano consultivo advirtió al Gobierno de que no podía utilizar un atajo para reformar una ley de rango superior. Los planes del Ejecutivo se vinieron abajo.

Luego se produjo la dimisión de Mato y la llegada de Alfonso Alonso al Ministerio de Sanidad, y todos los proyectos se paralizaron, a la espera de que el nuevo ministro se estudiara todas las materias y tomara una decisión. Eso volvió a alargar los plazos. El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alonso reconoció que no había fecha para la aprobación de la reforma de la ley del aborto, aunque volvió a prometer que sería pronto.

Pero el tiempo pasa, y el Gobierno se ha encontrado de pronto con el problema de no poder cumplir los trámites para poder aprobar lo que es un compromiso de Rajoy. En un año electoral muy difícil e intenso, el jefe del Ejecutivo quiere enviar el mensaje a su electorado de que ha cumplido sus promesas, incluida la bajada de impuestos, pero también la del aborto.

Ahora mismo, en Moncloa se están estudiando los plazos y las posibilidades, pero desde Presidencia se admite que es «muy probable» que se derive la iniciativa al Congreso de los Diputados. De esa manera, se evita el trámite de los informes consultivos, lo que retrasa semanas, e incluso meses, la aprobación de cualquier proyecto de ley.

Así, sería el Grupo Popular el que registrara una Proposición de Ley Orgánica, que se debatiría de forma inmediata. No sobra ni una semana, sobre todo cuando hay tres convocatorias electorales en pocos meses, lo que supone la suspensión de la actividad parlamentaria cada vez que hay campaña electoral, durante los últimos siete días.

El Gobierno y el PP cuentan con que esta reforma puntual de la ley del aborto tenga un consenso razonable en el Congreso, o al menos no provoque la ira en la oposición que sí despertó el anterior texto de Gallardón. En todo caso, el Ejecutivo quedaría fuera del debate, y de la polémica, en su caso.

No es la primera vez que el Ejecutivo utiliza esta vía para favorecer el consenso en el Parlamento sobre un texto legal. Así, en la Proposición de Ley Orgánica con medidas contra el yihadismo que se está negociando en el Congreso, el Gobierno permitió también que fueran el PP y el PSOE los que llevaran la iniciativa, y ahora el pacto está a punto de cerrarse. La oposición acepta mejor un acuerdo cuando se fragua en el Parlamento que cuando nace del Consejo de Ministros. En una Proposición que surge desde el Congreso los grupos pueden estampar, además, su firma en el texto, para respaldar de forma conjunta la iniciativa.