El Vaticano aplicará sanciones ministeriales después de que la Justicia imponga las penales

En la línea de «tolerancia cero» marcada por Benedicto XVI y aplicada a rajatabla por el Papa Francisco, la norma consiste en dejar que avance la investigación judicial, «congelando» temporalmente la propia si las autoridades lo solicitan. Pero, en cuanto es posible, se reanuda hasta terminarla. Con todas las consecuencias complementarias para los sacerdotes delincuentes, pues a las penas de multa o cárcel se añaden las limitaciones de ministerio o incluso la expulsión del sacerdocio.

En países desarrollados, donde los tribunales funcionan bien, las diócesis aconsejan a las víctimas que presenten denuncia civil si lo desean. Algunas lo hacen, mientras otras prefieren evitar un segundo mal trago e intentar olvidar la desgracia, sobre todo cuando están seguras de que el delincuente recibe un castigo eclesial y no hará daño a otros menores de edad.

Con independencia de lo que haga la justicia civil, todos los casos de abusos de menores por sacerdotes deben llegar a la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde actúa como «fiscal» el promotor de justicia Robert Geisinger, veterano de la diócesis de Boston.

Los 3.420 casos llegados en los últimos diez años terminaron todos en castigo, incluida la expulsión del sacerdocio de 848 abusadores. Las más recientes fueron 84 en 2010, 143 en 2011, 70 en 2012 y 43 en el 2013. El pasado mes de junio, la Congregación expulsó del episcopado y del sacerdocio al polaco Jozef Wesolowski por abusos cometidos cuando era nuncio en la Republica Dominicana.

El pasado domingo, el Papa recordó que sacerdotes y obispos deben ser ejemplares y que no hay lugar a engaño pues «el pueblo de Dios tiene un olfato infalible para distinguir los buenos pastores de los mercenarios ».

En diciembre del 2013, el Papa Francisco instituyó la Comisión de Protección de Menores para impulsar una notoria mejora en la prevención de estos delitos dentro y fuera de la Iglesia, así como para enseñar a ayudar a las víctimas.

Su presidente, el cardenal de Boston Sean O’Malley, escribió la semana pasada en su blog que «una de nuestras preocupaciones importantes es la responsabilidad de los obispos en la protección de los niños, pero la rendición de cuentas ha sido esporádica».

Según O’Malley, «necesitamos protocolos claros que sustituyan a la improvisación e inercia que ha habido en esta materia. A su vez, los obispos merecen también un justo proceso que les dé la oportunidad de ser oídos».

En casos de negligencia en la supervisión, el Vaticano pide cuentas o envía un visitador apostólico, como ha sucedido recientemente en la diócesis norteamericana de Kansas City-Saint Joseph, cuyo caso está siendo estudiado en Roma.

Pero la tarea de la Comisión de Protección de Menores va mucho más allá, pues terminará siendo un centro de referencia mundial para la prevención, con transparencia plena en todas sus actividades y denuncias, que serán publicadas en su página web.

A su vez, las normas jurídicas y disciplinarias del Vaticano, si bien complejas, son ya plenamente públicas desde hace un par de años. El acceso está en la parte superior derecha de la página web del Vaticano .