El Estado vuelve a los Parques Nacionales
El Gobierno aprueba el proyecto de ley que permite al Estado intervenir en caso de emergencia y dar nuevos usos a estos espacios protegios
El Estado vuelve a los Parques Nacionales
Aunque la gestión de los parques nacionales seguirá en manos de las comunidades autónomas, el Estado podrá intervenir directamente en ellos en casos excepcionales, como emergencias por catástrofe medioambiental o incluso cuando el estado de conservación del espacio natural sea desfavorable. El proyecto de ley ... aprobado ayer por el Consejo de Ministros pretende recuperar la corresponsabilidad del Estado sobre estos tesoros ecológicos para garantizar que «las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado natural». El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, señaló ayer en rueda de prensa que la nueva ley «respeta las competencias de las comunidades autónomas», a la par que «refuerza la coordinación» entre ambas administraciones dando «unidad al sistema».
Hasta 1997 el Estado había gestionado de forma directa los parques, pero tras una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1995 la gestión pasó a ser compartida. En 2007, también por otra sentencia, se atribuyó en exclusiva a las comunidades autónomas, pero no se estableció ninguna facultad de coordinación ni acción puntual en caso de riesgo extraordinario. De ahí, señaló Cañete, que la nueva ley contemple un nuevo marco jurídico de coordinación y de intervención en casos de catástrofe. Con ese objetivo, la nueva norma, que modifica algunos artículos pero «no la esencia» de la ley en vigor (2007), establece la creación de dos órganos dedicados específicamente a la coordinación.
Entre las grandes novedades del proyecto, figuran también la posibilidad de nuevos usos y actividades en el interior de los parques. «Una gestión más participativa y abierta a la sociedad», señala la exposición de motivos de la nueva ley. Para ello, el Ministerio contempla «actuaciones puntuales singulares, con las comunidades, mediante la puesta en marcha de programas piloto que persigan una activación económica sostenible y a la vez un efecto social demostrativo en la Red». También reconoce a los titulares de derechos en parques nacionales la capacidad de realizar actividades económicas o comerciales, «en especial las relacionadas con el uso público o el turismo rural».
«Excepciones a la carta»
Esta última disposición, sumada a la posibilidad de navegar en aguas del parque de Monfragüe y realizar vuelos sin motor en Guadarrama , ha hecho saltar la voz de alarma de los ecologistas. «Se trata de una serie de excepciones a la carta para fomentar actividades turísticas y económicas en beneficio de la rentabilidad particular y en perjuicio de los parques nacionales como figura de máxima protección», aseveró Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, afirmó, por su parte, que la apertura a actividades comerciales abre «una serie de incertidumbres», entre ellas, la posiblidad «de ser urbanizados». El PSOE también se sumó a las críticas, al afirmar que el Gobierno ha convertido la Ley de Parques Nacionales «en una de parques de atracciones», dijo su secretario de Sostenibilidad y Ordenación del Territorio, Hugo Morán.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó que la nueva ley trata solo de reconocer como suelo urbano varios núcleos de poblaciones enclavados en los Picos de Europa. Estos núcleos tienen necesidades como la de construir una depuradora o un centro de salud que se deben reconocer y con la anterior ley «no tenían salida», señaló. «Fuera de eso --añadió--no tiene otra aplicación y no nos vamos a dedicar a construir casas en los parques».
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