Claves y nuevos requisitos para acreditar el aborto despenalizado por parte de la mujer

- EL ABORTO NO ES VOLUNTARIO: Se excluye, por tanto, el hecho de que la interrupción de la vida sea una cuestión de voluntad de la fémina: «Lo que no cabe dentro de este proyecto es hacer depender el valor de la vida del "nasciturus" de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada aún cuando no haya conflicto», ha señalado el ministro.

-DOS INFORMES MÉDICOS EN EL PRIMER SUPUESTO: En el caso del riesgo para la salud física de la mujer, o anomalía fetal incompatible con la vida de la mujer, que es lo jurídicamente correcto, será un médico el que ratifique ese grave peligro a través de un exhaustivo análisis del estado de la mujer embarazada y otro del estado del feto, y que en ellos quede probada «dicha incompatibilidad con la vida».

Las «anomalías fetales incompatibles con la vida» son las que se asocien con la muerte del feto, matiza Gallardón. «Cualquier discapacidad del feto no es en sí misma merecedora de una disminución de derecho de protección» , ha incidido el ministro. Es decir, que si el concebido tiene una discapacidad, como síndrome de Down, no se trataría de un supuesto de despenalización del aborto , a menos que esa anomalía cause un daño psíquico a la mujer.

A partir de las 22 semanas de gestación, que es el periodo de tiempo durante el que se puede acoger la mujer a este supuesto, se procederá al parto inducido si el informe médico acredita ese peligro para la vida de la encinta.

-DENUNCIA POLICIAL EN EL SEGUNDO SUPUESTO: E n el caso del «hecho constitutivo de delito», esto es, que la mujer haya sido violada o agredida sexualmente, deberá presentar la denuncia policial y también denunciar haber sido violada en las primeras doce semanas de gestación de ese feto indeseado. -QUE NO HAYA OTRO CAMINO: Los condicionantes que fija el Ejecutivo del PP para el aborto es que esta vía sea «necesaria porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma» y que no hacerlo vaya a suponer «un menoscabo duradero» para la salud de la mujer, entre otras.

-SE REGULA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA: El texto contempla que los profesionales sanitarios pueden ejercer la objeción de conciencia.

-LOS MENORES NO PODRÁN ABORTAR SIN CONSENTIMIENTO: Sin autorización expresa de sus progenitores, la nueva norma elimina también la posibilidad de que las menores de edad puedan abortar.-PROHIBIDA LA PUBLICIDAD: Como novedad, la norma introduce la prohibición de publicitar los centros médicos o de los procedimientos para interrumpir voluntariamente el embarazo.

-LAS MUJERES, INFORMADAS: L as mujeres que estén dentro de los dos supuestos despenalizados para abortar y así vayan a hacerlo, no podrán negarse a cumplir ninguno de los nuevos trámites de consentimiento informado, tampoco la obligación de escuchar a una persona de Servicios Sociales sobre programas de apoyo a la maternidad, salvo que se trate de un caso de urgencia con peligro para su vida.

La mujer deberá esperar siete días, el nuevo plazo de reflexión establecido para tomar su decisión con toda la información recabada (en la ley actual son tres). Pasada la semana, volverá a su médico y firmará un consentimiento informado, como en cualquier intervención quirúrgica, y se le practicará la intervención, que seguirá en la sanidad pública, como parte de la Cartera de Servicios.

-VUELTA A LA LEGISLACIÓN DE 1985: Entre las claves de esta reforma por la que se vuelve a la legislación de 1985 , como este viernes también ha subrayado desde Bruselas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se establecen nuevos requisitos para acreditar que la mujer puede abortar en virtud de alguno de esos dos supuestos.

-ES EL SEGUNDO CAMBIO NORMATIVO DESDE 1985: La reforma del departamento que capitanea Ruiz-Gallardón es el segundo cambio en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo desde que fue despenalizado en 1985. Aprobada por el primer gobierno socialista, la ley orgánica 9/1985 fue uno de los cambios sociales y legislativos más importantes registrados en España, donde el aborto había sido ilegal. La única excepción hasta entonces tuvo lugar en Cataluña durante la II República en diciembre de 1936, en plena Guerra Civil, donde se aprobó una legislación, que fue suprimida en 1938.

La ley de 1985 despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre. Sin embargo, el debate no se cerró, ya que en julio de 1995 el Gobierno del PSOE presentó un anteproyecto de ley que establecía un cuarto supuesto: cuando le supusiese un conflicto personal, familiar o social a la mujer. El Gobierno elaboró un nuevo texto y el 24 de febrero de 2010 el Senado aprobó definitivamente la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta normativa del Gobierno de Zapatero estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

Y en el caso de menores, o sea, de chicas de 16 y 17 años que quieran abortar -uno de los aspectos más controvertidos de la norma que el PP se propuso derogar-, al menos uno de los padres o tutores legales de la menor debe ser informado, excepto si alegan riesgo de amenazas, coacciones o malos tratos en el ámbito familiar, en cuyo caso la decisión recae en el médico.

-SIN PENAS DE PRISIÓN PARA LAS MUJERES, PERO SÍ PARA LOS MÉDICOS: Este anteproyecto de ley no incluye pena de prisión para la mujer. «El Estado tiene la obligación de defender toda vida y los derechos de la mujer, es difícil conjugar en muchas ocasiones -ha enfatizado el ministro Gallardón- pero se ha hecho con valentía con esta norma». La reforma sí prevé penas para los médicos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos, que serán de uno a tres años de cárcel para los facultativos que la practiquen con consentimiento de mujer , y de cuatro a ocho años de presión si se hace bajo amenaza o engaño.

-DATOS DEL ABORTO HOY EN ESPAÑA: En 2011 se realizaron 118.359 abortos, según informa el Ministerio de Sanidad.