El Estado no podrá recuperar el dinero que abonó por los daños de la tragedia del Prestige

En España, cuando en un proceso penal se piden responsabilidades civiles, como es en este caso, la segunda vía queda definitivamente cerrada. La Fiscalía había solicitado una indemnización al Estado de 1.974,54 millones de euros , cantidad que la Abogacía del Estado había elevado a 2.152.000 más intereses. La absolución de los tres imputados, como recoge la propia sentencia, supone que «la responsabilidad civil exigible no puede referirse a las graves consecuencias económicas del vertido (...) cuando se refieren a daños y perjuicios causados por el hecho, o a la necesidad de que los daños y perjucios se deriven del delito, de modo que si solo se considera acreditado el delito de desobediencia (del que es autor el capitán del buque) de éste no se deriva o con éste no se causaron los daños y perjuicios derivados» de la tragedia medioambiental.

Queda por saber qué ocurrirá con los 22,7 millones de euros de fianza que en su momento consignó «London P&l Club», la aseguradora del petrolero, lo que se verá en el momento en que se ejecute la sentencia. Al respecto, la Audiencia de La Coruña admite que «la legalidad vigente exige para la navegación legal una serie de requisitos y aseguramientos que el Prestige cumplía al menos en lo imprescindible, pero que seguramente son insuficientes para hacer frente a consecuencias tan calamitosas como las causadas». Y añade que «si la entidad depositante interesa específicamente la distribución a prorrata conforme a la norma (lo que no parece muy probable), podrá procederse de ese modo, pero entonces se deberá dilucidar ese reparto ante la jurisdicción civil competente».

Varapalo en Estados Unidos

El varapalo para las arcas del Estado se produce después de que en septiembre de 2012, apenas un par de meses antes de que comenzara el juicio, Estados Unidos diera carpetazo definitivo al proceso emprendido por España contra la clasificadora del petrolero, ABS, que certificó que el «Prestige» estaba en condiciones para navegar. El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York cerró la puerta a que el Estado recuperara cerca de 800 millones de euros como indemnización por los daños ocasionados por el petrolero. Y no había posibilidad de recurrir.

Con la vía cerrada en Estados Unidos y también en España -un hipotético recurso ante el Supremo tiene pocas posibilidades de prosperar, según las fuentes consultadas por ABC-, la decisión de emprender una acción civil en Grecia contra la armadora del buque es vista por los expertos como «casi una frivolidad».

Por tanto, de nuevo España tiene que asumir los gastos de una tragedia ecológica de enormes proporciones , aunque con sorna hay quien recuerda que al menos esta vez no se subvenciona a quien contamina, al contrario de lo que sucedió con la empresa Bolidén, que recibió subvenciones públicas millonarias tras la tragedia de Aznalcóllar.