«No hay suficientes plazas públicas en centros para niños dependientes»

Claudia nació en noviembre de 2009. Diagnosticada de Síndrome de Down , sus padres, David y Lorena, funcionarios, no esperaban que su hija naciera con ningún tipo de discapacidad. Fue tal la sorpresa, que incluso al abuelo paterno le dio «un síncope» cuando conoció la noticia.

«Inmediatamente nos pusieron en contacto con la Fundación Síndrome de Down de Madrid (FSDM) , donde nos explicaron las pautas a seguir: solicitar el DNI, el certificado de minusvalía y las ayudas a la dependencia , que pedimos en enero de 2010», explican. Fue en mayo de 2012 cuando cobraron 26 cuotas «de golpe». Llegó septiembre y les redujeron la prestación «un 15%», por lo que ahora reciben 442,59 euros mensuales. Además de eso, las ayudas «por hijo a cargo» les reportan «1.000 euros anuales que cobramos en dos plazos».

De forma indirecta, la FSDM proporciona a la niña servicios de estimulación, fisioterapia y logopedia. «Tenemos plaza pública allí, sino tendríamos que pagar 400 euros mensuales . El problema es que no hay suficientes plazas de este tipo», cuentan sus padres. «Las listas de espera son enormes y hay mucha gente que no puede acceder a ellas», añaden.

Con el nuevo curso, Claudia irá a un colegio de educación especial y las ayudas para tratamientos de estimulación se acabarán, al entender que el centro cubre esas necesidades. «A partir de entonces, todos los tratamientos añadidos que queramos para ella tendremos que costearlos nosotros», cuenta su padre. Los precios de estos no son bajos: «Una sesión de fisioterapia acuática nos ha llegado a costar 180 euros. A eso se añade que la niña tendrá otras necesidades según vaya creciendo, y tendremos que recurrir a otros especialistas», sentencia.

Aunque escépticos, valoran positivamente el paso que ha dado el Ministerio:«Todas estas iniciativas son importantes pero deben aplicarse correctamente. Faltan plazas y las ayudas que dan son bajas en comparación con el coste de los tratamientos».

Al menos, ellos agradecen trabajar en empresas públicas: «La ley de conciliación laboral nos ha facilitado mucho las cosas, sino uno de nosotros hubiera tenido que dejar de trabajar».