El Reino Unido pone en marcha el «impuesto del dormitorio»

La nueva medida gravará con 17 euros semanales a familias que tienen una habitación vacía en sus viviendas sociales

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El controvertido plan de recortes a las prestaciones sociales adoptado por el Gobierno de David Cameron entró ayer en vigor, pese a las críticas de la Iglesia, la oposición laborista y las organizaciones de defensa de los derechos civiles. Sin duda, una de las medidas más controvertidas ha sido la reducción de los subsidios sociales para aquellas personas mayores de 18 años que vivan en pisos de protección oficial (council house) con una habitación libre, lo que se estima que afectará a unos 660.000 ciudadanos, que perderá un promedio de 863 euros al año.

El denominado «bedroom tax» (impuesto del dormitorio) reducirá en un 14% las ayudas a los inquilinos que habiten una vivienda donde exista un dormitorio sin ocupar y un 25% en el caso de que existan dos o más. Hasta ahora las ayudas oscilaban entre 50 y 100 libras (60 y 120 euros) semanales, independientemente del número de personas que habitara el inmueble. Las nuevas normas obligan a una ocupación completa con una distribución en la que los niños menores de 10 años deben compartir habitación, al igual que aquellos entre los 10 y los 16 siempre y cuando sean del mismo sexo.

Para evitar el recorte de la ayuda social (una pérdida de unos 17 euros semanales) estas personas y sus familias tienen en teoría la opción de mudarse a otra vivienda con las habitaciones justas, pero, según denuncia la oposición, el problema es que estas casas alternativas son «inexistentes».

«Este cruel 'impuesto sobre la habitación' destruirá vecindarios y forzará a la gente a los bancos de comida y les pondrá en manos de los tiburones de los préstamos», advirtió ayer el portavoz de Trabajo del Partido Laborista, Liam Byrne.

Aunque la medida no afecta a los pensionistas y los discapacitados, la implantación «del impuesto dormitorio» ha provocado una respuesta de rechazo unánime por parte de los británicos, con protestas masivas el pasado fin de semana en 50 ciudades para mostrar su disconformidad con el plan de austeridad impuesto por el Gobierno. «¿Cameron tienes una habitación vacía? ¿Por qué no gravar la mansiones vacías de los ricos?» se leían en algunas de las pancartas de los manifestantes a su paso por Downing Street.

Desde el Gobierno presentan la implantación de esta nueva medida como un intento de acabar con el fraude en la ocupación, el hacinamiento y la carestía de viviendas sociales, según ha justificado el ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith.

Los nuevos recortes financieros incluyen también la retirada del subsidio que había al pago del impuesto municipal sobre la vivienda o la entrada en vigor el próximo 6 de abril de una medida que limitará al 1% durante los tres próximos años el incremento anual del valor de las prestaciones, muy por debajo de la inflación.

Se calcula que los recortes sociales que entran en vigor esta semana y que afectan además de a las ayudas a la vivienda a las prestaciones de los minusválidos o a la alimentación supondrán un ahorro al erario público de 18.000 millones de libras (21.000 millones de euros).