Poner en marcha la reforma educativa costará 408 millones, que asumirá el Estado

La memoria económica ha sido entregada hoy a las comunidades autónomas y será tratatada con estas el 7 de febrero en la Conferencia Sectorial de Educación (reunión del ministro y su equipo con los consejeros de Educación de las comunidades).

Los costes indirectos, sobre todo por el previsto trasvase de alumnos hacia los ciclos de Formación Profesional, los tendrán que asumir las autonomías, aunque este punto será negociado en la mencionada cita.

Las razones por las que la dotación es mayor son las siguientes:

-El alto índice de población escolar en el ámbito rural en algunas comunidades, que en el primer borrador no se tuvo en cuenta.

-Los dos itinerarios de cuarto de la ESO, hacia Formación Profesional o Bachillerato, que supondrá el desdoblamiento de ese curso.

-Un menor ahorro del previsto con la compactación del Bachillerato, puesto que las autonomía y centros tendrán más capacidad para fijar las asignaturas y la carga lectiva.

-La necesidad de financiar la nueva Formación Profesional Básica, de dos años de duración.

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, afirmó hoy: «Como consecuencia de estos cambios en las estimaciones, el coste mayor tendrá lugar en el tercer año desde la implantación de la reforma que va a asumir el Estado y se sitúa en alrededor de los 255 millones de euros».

El Estado prevé para el primer año una inversión de 23 millones para la puesta en marcha de la Lomce y de 130 millones para el segundo año.

La número dos de Educación en el departamento que dirige José Ignacio Wert considera que la reforma es «poco costosa» si se la compara con los 7.000 millones de la memoria de la Ley Orgánica de Educación (LOE), vigente. Pero hizo la salvedad de que en la estimación de la LOE se incluyeron «las partidas para becas y jubilaciones anticipadas del profesorado, dos aspectos que el Ministerio de Educación no ha incorporado en los planes financieros de la futura ley». La memoria económica de la Lomce se ocupa «solo del impacto directo de los cambios que se proponen».

Según Gomendio, cuanto más éxito tenga la Lomce, mayores serán los costes indirectos, porque eso querrá decir que se han de crear más puestos de Formación Profesional, tendrá que haber más profesores de FP, y los consiguientes centros ad hoc.

La FP es más cara que el Bachillerato. Un puesto de FP cuesta al año, como mínimo, 6.000 euros (de ahí, para arriba, según las familias profesionales). «Estos costes serán asumidos en principio por las comunidades autónomas, pues tienen transferidas las competencias en la gestión de la educación», sostuvo Gomendio.

Para el cálculo de los costes indirectos, que las comunidades autónomas tendrá que desembolsar a partir del cuarto año (tras los tres años de costes directos asumindos por el Estado), el ministerio se plantea tres hipótesis:

1) Que hubiera un 50% de matriculaciones en Bachillerato, un 20% en FP de grado medio y un 10% en FP Básica, lo que supondrá un coste estimado de 50 millones de euros.

2) Que hubiera un 50% del alumnado en Bachillerato, el 20,5% en FP de grado medio y el 12,5% en FP básica; la previsión del gasto sería de 334 millones de euros.

3) Que hubiera un 55% en alumnos matriculados en Bachillerato, un 25% en FP de grado medio y un 12,5% en FP básica; el gasto estimado sería de 927 millones.

El Ministerio de Educación calcula que en el cuarto año de implantación de la Lomce se podría dar el segundo escenario, que considera el más realista, pero sin renunciar al tercero. El segundo supondría que la tasa de abandono escolar prematuro cayera al 15 por ciento, 11 puntos menos que la actual. Si el abandono escolar cayera al 7%, el tercer escenario, el coste sería de 927 millones de euros. Es decir, a más exito de la ley, más cara, puesto que habrá que crear más puestos de FP.

El Ministerio de Educación estima que la Lomce se pueda aplicar en el curso 2014-2015 o en el 2015-2016, pero en ningún caso en el que viene. El anteproyecto de la Lomce está previsto que llegue al Congreso antes del verano. Pero ya no habrá tiempo de aplicarla en el curso 2013-14, teniendo en cuenta que habría que rehacer currículos de las asignaturas, nuevos libros de texto, etc.

El retraso respecto al calendario previsto, según Gomendio, se debe al proceso de negociación abierto con la comunidad educativa y a las seis conferencias sectoriales celebradas, fruto de las cuales se han incorporado modificaciones y propuestas al texto normativo, que se encuentra en fase de anteproyecto.