El PP apunta a una «ilegalidad» el uso de seguridad privada para controlar el Covid-19 en El Rubio

Así, en una nota de prensa, el PP de Sevilla ha anunciado que denunciará ante la Justicia todos aquellos posibles casos en los que los representantes o administraciones públicas que vulneren los derechos fundamentales de los sevillanos ha hecho el alcalde de El Rubio al contratar seguridad privada para «vigilar y sancionar a enfermos que han dado positivo en Covid-19 y que se encuentran en cuarentena».

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez , ha vuelto a reclamar hoy a los dirigentes socialistas «el respeto absoluto a la Constitución , a las leyes, y en este caso, a la protección de datos de los sevillanos. La lucha contra la pandemia no debe justificar, en ningún caso, la vulneración de los derechos fundamentales y desde el PP de Sevilla venimos denunciando que el PSOE está abriendo en esta provincia una puerta muy peligrosa a la ilegalidad».

«Es inadmisible que, tras la contratación de seguridad privada en el municipio de Marchena para hacer labores de la Policía Local , ahora el alcalde de El Rubio haya decidido contratar también seguridad privada, pero en este caso para controlar y sancionar , en su caso, a personas que se encuentren en cuarentena y sean localizados incumpliéndola».

«No solo es absolutamente ilegal que un vigilante privado custodie y controle los movimientos de cualquier ciudadano, sino que, además, según asegura el propio alcalde, estos trabajadores disponen de datos personales privados a pesar de que se trata de información que solo puede ser usada por las autoridades competentes, con lo que también estaría vulnerando la protección de datos de estos vecinos», explica Virginia Pérez.

La presidenta del PP ha asegurado que «desde el PP de Sevilla no vamos a consentir que haya ni un representante público que se salte la ley con absoluta impunidad. El PSOE está abriendo una peligrosa puerta en la provincia al adoptar estas medidas ilegales con la excusa de la lucha contra la pandemia ».

«Además, y según asegura el propio alcalde la adopción de estas medidas se podría haber realizado con la connivencia del propio subdelegado del gobierno , Carlos Toscano, algo que sería aún más escandaloso puesto que el garante de la seguridad de los sevillanos podría ser el responsable de este ataque sin precedentes a los derechos de los ciudadanos. Por ello, exigimos a Toscano que aclare urgentemente si es cierto que ha permitido la contratación de seguridad privada para controlar y sancionar a enfermos Covid y utilizando de sus datos personales para ello» detalla la presidenta de los populares en la provincia.

«Por ello, vamos a defender a los sevillanos allí donde los representantes públicos estén vulnerando sus derechos como se está llevando a cabo en varios municipios de la provincia y desde este partido, denunciaremos ante la Justicia todo caso en el que supuestamente una administración o cargo público esté poniendo en riesgo los derechos de los sevillanos», ha concluido Pérez.