Arrecian las quejas contra una juez de Carmona por no investigar al supuesto instigador de un crimen

La Audiencia le ordenaba recientemente a la instructora que investigara al jefe del autor confeso del crimen, un exmilitar cubano que trabajaba como guardés en la finca donde Manuel Jiménez fue tiroteado. La víctima acudió el pasado 27 de noviembre a reclamarle el pago de una deuda a José María Y. T. alias «El Gordo», cuando en mitad de la discusión apareció el empleado con una escopeta y le descerrajó dos disparos.

El pasado mes de julio, la juez de Carmona cerraba la investigación dictando un auto de procesamiento en el que sólo responsabilizaba del crimen al guardés y dejaba fuera del caso a su jefe. Esta decisión fue recurrida por la acusación particular, cuyos argumentos fueron admitidos por la Audiencia.

La Sección Tercera explicaba que existen indicios que podrían incriminar a José María Y. T. en un delito de tenencia ilícita de armas y uno segundo de homicidio . Por un lado, por ser el «titular de la nave» donde se encontró la escopeta usada en el crimen y por tener contratado al presunto asesino. Éste, además, le señaló como la persona que le entregó el arma. Según fuentes judiciales, el exmilitar cubano también admitió que ejecutó el crimen por orden de El Gordo.

Sobre el homicidio, los magistrados de la Audiencia valoraban las contradicciones en las que había incurrido el empresario para dudar de su versión de que no sabía nada de las intenciones de su empleado. Ante la juez de Carmona afirmó que había actuado por iniciativa propia.

Pese al auto de la Audiencia, la juez de Carmona ha dictado una providencia en la que cita al empresario el próximo 22 de noviembre para que declare en calidad de investigado exclusivamente por un delito de tenencia ilícita de armas. Así solicita a la Intervención de Armas de la Guardia Civil que le confirme si posee licencia para tener una escopeta.

Esta providencia, a la que ha tenido acceso ABC, ha indignado a la familia de la víctima, que afirma «estar ya harta de esta señora y sus equivocaciones». Quieren presentar sendas quejas ante el TSJA y el CGPJ «porque es inadmisible que la Audiencia le indique qué tiene que hacer y ella no haga caso. Estamos hablando de un asesinato, de un delito muy grave».

La Audiencia también pedía que se investigara por qué no había funcionado el sistema de grabación de la nave cuando se produjo el crimen. Según un informe de la Policía Científica que obra en las actuaciones, las cámaras sí grabaron el momento de la entrada de la Policía ocho horas después del asesinato.

La familia de Manuel Jiménez pide que se intervenga el dispositivo donde se almacenan las imágenes para determinar si hubo un borrado de archivos y si es posible recuperarlo. Sobre estas diligencias, la juez instructora tampoco se ha pronunciado a pesar del auto de la Audiencia que le dio la razón a la acusación particular.