Sentencia contra el gobierno local de Alcalá de Guadaíra por la liquidación de la empresa pública ACM

El juez de lo contencioso anula con su fallo la resolución de la liquidación de la empresa en lo relativo al acta de la misma . En dicha acta se afirma que se ha entregado toda la documentación de la empresa pública entre ella la relativa a su contabilidad a todos los miembros de la corporación, algo que el PP negó en su día y que ahora ratifica el juez.

Según la sentencia «se considera una infracción del derecho a participar en los asuntos públicos, en cuanto que los concejales son representantes de los ciudadanos y tienen derecho a obtener información para poder ejercitar el control sobre las decisiones que se adopten».

Además de dar la razón a los populares esta sentencia abre la puerta a seguir el recorrido judicial respecto a la liquidación de la empresa ACM, ya que entrega al PP un argumento legal para pedir que dicha liquidación no tenga validez y quede sin efecto .

La empresa municipal ACM lleva años siendo investigada primero por la Guardia Civil y luego por el juzgado. Por ahora los agentes en sus informes han apuntado a la existencia en ella de «prácticas mafiosas» y a la posible existencia de una trama para «malversar caudales públicos», al tiempo que apuntan a una posible responsabilidad del alcalde, Gutiérrez Limones en todo ello.

Pero ya en 2013, antes de que comenzara la investigación, ACM fue objeto de polémica por la forma elegida por el Gobierno municipal para liquidarla. Pese a las reiteradas demandas de la oposición, se negó a facilitar las cuentas y puesto que el gobierno local estaba en minoría entonces aprovechó para aprobar la liquidación una circunstancia muy específica.

Una de las concejales del PP estaba ingresada en el hospital por complicaciones en el parto. El gobierno local socialista convocó entonces la sesión para aprobar la liquidación y se negó a aceptar las peticiones del PP para aplazarla o para que su concejal pudiera votar por vía telemática. De esta forma, con el voto de calidad del alcalde y la ausencia de la edil, lograron los votos suficientes para aprobar el final de la actividad de ACM.

Según los populares, esta circunstancia no fue fruto de la casualidad, ya que dada la minoría que ostentaba el PSOE en la corporación, «era el único momento que tenían para dar carpetazo a ACM y enterrar sus cuentas ».

Tras la resolución judicial que les da la razón, la portavoz del PP, Carmen Rodríguez Hornillo ha manifestado que esta resolución «pone de manifiesto el incumplimiento de la legislación más básica por parte del gobierno socialista, como es el derecho a la información de los concejales».