Caso Aznalcóllar: La defensa pide a la jueza que no admita más peticiones de investigación

Esta petición se produce después de que la Federación Provincial de Sevilla de Ecologistas en Accción, haya presentado alegaciones contra la desestimación por parte de la Audiencia Provincial de suspender los procedimientos administrativos de Autorización Ambiental Unificada (AAU) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que se siguen en la Junta de Andalucía a instancias de la empresa Minera Los Frailes, participada por Minorbis (2,69% )y Grupo México (97,31%).

Los ecologistas recuerdan «que la propia Audiencia indicó en septiembre de 2019 que los derechos mineros derivados de la adjudicación del concurso estaban ostentados ilegítimamente por la sociedad Minera Los Frailes, pues la misma no intervino en el concurso y está controlada casi en su totalidad por Grupo México, que tampoco participó en el mismo» . Según Ecologistas en Acción, la Junta «selecciona a la entidad adjudicataria del concurso minero, Minorbis-Grupo México, pero no otorga la concesión minera , que todavía está en tramitación y por tanto no existe, y en ningún caso puede ser otorgada con carácter previo a la AAU y el Plan Especial de actuación minera sometido a su vez a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)».

Para rechazar las alegaciones de los ecologistas, los directivos de Minorbis han entregado en el Juzgado el Registro Minero de Andalucía en el que consta en la zona de Aznacóllar la concesión 7976 a la empresa Minera Los Frailes para la extracción durante 30 años de cobre, plomo y zinc. De esta manera, la defensa defiende su «legítimo derecho minero inscrito» y asegura que «el proyecto sigue su curso», en virtud de lo cual Minera Los frailes está gestionando los pasivos medioambientales y ha iniciado los procedimientos administrativos necesarios para el desarrollo del proyecto. A juicio de la defensa, la afirmación de los ecologistas de que la concesión no está a nombre de Minera Los Frailes «es una estrategia que a todas luces se revela dilatoria y tendente a eternizar la presente instrucción».

Por todo ello, Mario e Isidro López Magdaleno, representados por el letrado Juan Carlos Alférez , han pedido a la magistrada de Instrucción 3 de Sevilla que se rechace de plano la práctica de más diligencias de investigación cinco años después de que se iniciara el procedimiento. «Es imposible apurar y depurar más una investigación penal, todas y cada una de las líneas de investigación están agotadas», explica la defensa, que subraya que «las diligencias que se solicitan por las acusaciones privadas son redundantes, reiterativas, ya practicadas y, sobre todo, no tienen la menor virtualidad ni habilidad como para cambiar el signo de la resolución que ultime la instrucción».

A juicio de estos investigados, «las acusaciones no tienen un derecho ilimitado a la prueba, su tutela judicial efectiva está más que colmada, las acusaciones no pueden dilatar más este procedimiento» con la intención de ir « dilatando una y otra vez la finalización de la instrucción», lo que -a su juicio- está causando «un enorme prejuicio a las partes investigadas, a las empresas concernidas, al proyecto minero en sí y a los intereses socio-económicos de toda una comarca».