Pacto de la corrupción en Bormujos: el PSOE logró el apoyo de Cs a cambio de ocultar sus ilegalidades

La historia comienza el pasado 8 de marzo. Después de que ABC desvelara que el alcalde socialista de este municipio del Aljarafe hubiese ocultado que estaba procesado por prevaricación —el juicio estaba previsto para mediados de junio y se ha aplazado a octubre—, la dirección nacional de Ciudadanos dio instrucciones directas a su grupo municipal en Bormujos para que rompiera el pacto de gobierno que mantenían desde las pasadas elecciones. El portavoz local, Manuel Romero, apoyó a los socialistas, que necesitaban sus votos para gobernar tras los resultados electorales, a cambio de varias delegaciones, como la de Urbanismo y la Primera Tenencia. Pero ese acuerdo se quebró tras conocerse la situación procesal del alcalde, que impide a Ciudadanos en función de sus propios estatutos mantenerlo en el poder. Un día después de aquella ruptura, Francisco Molina ya deslizó que su hasta entonces socio de gobierno, Manuel Romero, tenía problemas de transparencia en la compra de una casa y eso provocó una querella por parte del portavoz naranja. Unos días después, cuando ABC destapó que el delegado de Hacienda había levantado los reparos de la Intervención al pago de facturas por valor de dos millones de euros , el gobierno convocó un pleno extraordinario en el que el delegado afectado insinuó a Ciudadanos que tuviera cuidado con el contrato de las patrullas informativas del Covid.

Este periódico ha podido confirmar que el PSOE había encargado un informe al interventor unos días antes para que diera su opinión sobre estos contratos adjudicados por su antiguo socio de gobierno. Y el resultado fue demoledor. Romero había fraccionado la facturación, lo que para el primer funcionario municipal es directamente una ilegalidad. Concretamente, el informe formula « reparo de legalidad respecto de las tres facturas presentadas en concepto del servicio de patrullas informativas debido en primer lugar al fraccionamiento del contrato existente en la prestación del servicio durante el mes de noviembre al vulnerarse el artículo 118.2 de la Ley de Contratos del Sector Público». Además, el coste total del contrato es superior al límite permitido para adjudicar a dedo, como fue el caso, por lo que el delegado de Ciudadanos tendría que haber hecho una convocatoria pública.

Con este informe en su poder, el alcalde convocó a Romero en el Ayuntamiento a una reunión para retomar el pacto de gobierno y evitar la moción de censura que le estaban preparando el PP, Vox y el propio Ciudadanos. Y apenas unas horas después se emitió el comunicado en el que se anunciaba el nuevo acuerdo, que desobedece las órdenes de la dirección del partido naranja.

Tras este nuevo pacto, el alcalde procesado, Francisco Molina, anunció que el acuerdo se había firmado para «garantizar la estabilidad de Bormujos por encima de cualquier otra cuestión» y «con el fin de que la derecha y los especuladores no sigan manchando la imagen y reputación del pueblo de Bormujos». El portavoz de Ciudadanos, Manuel Romero, añadió que «a diferencia de otros grupos», el suyo no defiende «intereses partidistas», sino el bien de la localidad. «Somos cinco concejales que venimos de la sociedad civil y que dimos un paso hacia la política con el único interés de mejorar el pueblo y la vida de nuestros vecinos». Y juntos aseguraron que esta alianza es «la única vía posible para dar estabilidad y certeza a los bormujeros en unos tiempos muy duros, en los que necesitan, más que nunca, un gobierno estable, preparado y que dé seguridad». Una semana después de este inesperado acuerdo, el coordinador local de Ciudadanos en Bormujos, Antonio Bejarano, dimitió como concejal y se dio de baja en el partido denunciando «purgas» y que el pacto responde a «intereses particulares». El PSOE llevaba semanas avisando a Manuel Romero de la situación y, finalmente, éste sucumbió con el informe del interventor sobre la mesa. Por tanto, el acuerdo beneficia a los dos partes : el alcalde procesado podrá seguir en el cargo y su socio de gobierno evitará ser denunciado en los tribunales por adjudicar contratos a dedo fraccionando las facturas. Todo «por el bien» de los bormujeros.