Una juez de Sevilla procesa a más de cien personas por defraudar al Estado con las peonadas del campo

Tras tres años de investigación, la juez ha dictado un auto, con fecha de 8 de octubre y al que ha tenido acceso ABC de Sevilla, en el que procesa a más de cien personas por unos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos continuados de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social .

Hace un año este periódico adelantaba la investigación de estos hechos, que se resumen a la perfección en dos párrafos de uno de los atestados de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional , que obran en la causa: «No estamos ante un hecho puntual, sino que se viene desarrollando desde, al menos, el año 2016 hasta ahora por personas que, valiéndose de sus conocimientos mercantiles, han creado un entramado empresarial con el fin de dar credibilidad a relaciones laborales entre mercantiles tanto para la emisión de facturación falsa como para dar de alta para el cobro de ayudas y subvenciones estatales de forma fraudulenta».

Y para llevar a cabo estas operaciones financieras, según los investigadores, se necesita de un grupo de persona con un rol definido: « administrador de la empresa, conseguidor de clientes para facturación falsa y captador de personas para ser dadas de altas».

En esta trama tienen un papel relevante las empresas Labransur e Interservi, que fueron con la única intención de dar apariencia legal a »diversas actividades ilegales». Y, ¿cómo actuaba?. Las empresas, a través de testaferros y conseguidores de posibles beneficiarios, cobraban 20 euros por día de trabajo o peonada a cada persona que quisiera que le dieran de alta para poder acceder a las 35 jornadas necesarias para obtener el subsidio agrario .

Según la Inspección de Trabajo , «Labransur declaró 3.387 jornadas reales en función de los 459 trabajadores supuestamente contratados y si todos ellos hubiesen sido dados de alta con ese propósito estafador de beneficiarse de las ayudas, los responsables investigados habrían recibido 67.740 euros», expone la Policía en uno de sus atestados, donde sugiere que estas cantidades pueden aumentar «considerablemente» si se tienen en cuente los dados de altas por Interservi.

La mayoría de trabajadores beneficiados de la trama defraudadora son mujeres . Más del 50 por ciento tienen sus domicilios fuera de Sevilla y un porcentaje relevante son extranjeros, en su mayoría rumanos. Las redes de este entramado empresarial llegaron a Sevilla, Córdoba, Madrid o Albacete .

La Inspección de Trabajo, en un informe que obra en el procedimiento, expone que los servicios contratados por otras empresas a Labransur recogidos en sus respectivos contratos para la recolección de ajos, cebollas o naranjas se llevaron a cabo supuestamente en fincas de Cantillana, Lora del Río, Palma del Río, Fuente Palmera o Albacete , pero nunca hubo recolección alguna.

Esto supone la existencia de facturas sin una contraprestación real, falsas . Y facturas que servían de soporte a trabajos que se realizaron por terceras personas pero que «por diversos motivos (jubilación, desempleado,...) no podía facturarlos». En la investigación, igualmente, no se han detectado movimientos bancarios relacionados con el pago de nóminas o salarios. Como conclusión, Labransur vendió facturas falsas, no tuvo actividad agrícola y no tuvo trabajadores, como admitió el propio testaferro José Enrique P.A.

Ahora, la juez instructora, explica la presunta actividad delictiva desarrollada a través de Labransur: « habría venido elaborando nóminas y contratos falsos a trabajadores dados de alta de forma ficticia en la misma y obteniendo a cambio una contraprestación económica».

La persona que actuó como administrador de hecho de esta mercantil es Rafael A.R., en paradero desconocido actualmente. De hecho, la Justicia ha acordado abrir un procedimiento independiente contra él. Otro de los acusados, Juan Enrique P.A., el testaferro, era el formalmente designado administrador único y socio mayoritario de la empresa. Su madre, también acusada, era socio minoritaria.

Según la instructora, Labransur, constituida en enero de 2016 y cuya sede social está fijada en una vivienda de Burguillos «en avanzado estado de deterioro e inhabitable desde hace tiempo», es una entidad ficticia sin actividad real alguna y que habría venido actuando mediante la utilización de cuatro códigos de cuentas de cotización en la Seguridad Social.

A través de dichos códigos y en el período de tiempo comprendido entre los años 2016 a 2018 se habrían tramitado «hasta 555 altas fraudulentas de personas de distintas nacionalidades logrando practicar deducciones por un importe total de 35.586,75 € y propiciando que numerosos trabajadores de los que habían estado ficticiamente contratados solicitaran diversos tipos de prestaciones entre los años 2016 y 2017 con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)».

Entre los encargados de gestionar las altas ficticias se encuentran los hermanos José Antonio y Gonzalo C.C., también procesados. En la cuenta bancaria de ambos se han detectado más de 120 ingresos de distintas personas que presuntamente se corresponderían con los pagos realizados a cambio de las altas irregulares.

Entre los principales acusados aparece Manuel Jesús M.F., como encargado de ofertar las altas ficticias a los eventuales trabajadores . Miguel L.S., representante de otras empresas investigadas en la trama. O Alfonso B.M., a quien numerosos trabajadores acusados señalan por su labor activa de intermediación a la hora de facilitar contratación irregular y ficticia por parte de Labransur, siendo la persona a la que pagaban en efectivo la cantidad estipulada para la firma de la peonadas en torno a 20 euros por día.

Una de las abogadas de los trabajadores acusados, Rosario Serrano, señaló a este periódico en su momento que un número importante de los ahora procesados habían reconocido ante la juez que habían comprado peonadas e incluso estaban dispuestos a devolver las prestaciones.

La envergadura de esta causa y el número de investigados, que superan el centenar, ha llevado a la juez, en el auto de 8 de octubre por el que continúa las diligencias como procedimiento abreviado, a dar un plazo de 30 días a las acusaciones, entre los que se encuentran la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal y la Fiscalía , para presentar escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Además, en este asunto están personados más de 6o abogados defensores.