La Junta debe pagar 150 millones por el sobrecoste del metro de Sevilla

Algunas modificaciones y cambios de trazado o la reubicación de la estación de Puerta de Jerez, unido a los retrasos que esto llevo aparejado, provocaron un encarecimiento del 42,7%. De este modo, la inversión final en la infraestructuras rondó los 658 millones, mientras que la previsión inicial fue de 461 millones de euros (una diferencia de 197 millones).

De hecho, la propia consejera de Obras Públicas en la etapa de la inauguración del suburbano, Rosa Aguilar, reconoció estas cifras. Desde ese momento, las tres empresas constructoras iniciaron una negociación para tratar de cobrar una parte del sobreprecio, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto y decidieron denunciar a la Junta de Andalucía (que rechazó en todo momento asumir los sobrecostes).

Ahora el Juzgado número 11 de lo Contencioso Administrativo les ha dado la razón con una resolución que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. En este momento los servicios jurídicos de la administración regional están preparando el recurso de apelación.

La línea 1 del metro de Sevilla sufrió una serie de modificaciones que alargaron el plazo de construcción y elevaron el coste. Una de las más importantes fue el cambio en la solución constructiva en la zona de la Universidad Pablo de Olavide y Montequinto —debido a las protestas de los vecinos— que implicó un aumento de la inversión de más de 65 millones. El otro punto clave fue el cambio de ubicación de la estación de Puerta de Jerez tras el hallazgo de restos arqueológicos, que encareció la factura otros 11,8 millones. El refuerzo de las medidas de seguridad, como las puertas en el andén, el sistema de videovigilancia y la mejora en el túnel de San Juan impactaron en otros 74 millones, según datos de la Junta.

El hecho de que la obra se dilatase y su construcción se alargara hasta el año 2008 fue un duro golpe económico, ya que en ese momento los precios de la materia prima (sobre todo el acero)y la maquinaria estaban en máximos. Aunque la Junta de Andalucía trató de achacar la responsabilidad a las constructoras por los problemas de la tuneladora, el Juzgado de lo Contencioso ha rechazado este argumento al considerar que se trata de un asunto anecdótico en relación con el resto de circunstancias que retrasaron y encarecieron el proyecto.

ACS controlaba un 34% de la concesionaria de la infraestructura, mientras que Sacyr poseía un 32,77% y Gea 21 un 11,5%. Estas compañías vendieron sus acciones en la empresa que gestiona el Metro de Sevilla a Globalvía. El acuerdo no contemplaba esta prórroga de 25 meses en la concesión que decreta el juzgado sevillano, así que ésta será otra vía de ingresos para las tres empresas.