Es de Justicia

Se ha puesto de moda predicar la impunidad bajo la bonita fórmula «desjudicialización de la política». La adoptan con parejo entusiasmo los sediciosos, los zurupetos, los corruptos, sus amigos y cien eruditos a la violeta. Pero es forzoso dar vuelta al calcetín. Se trata de lo contrario: despolitizar la Justicia, esto es, invocar un principio tan necesario en lo simbólico como ínsito al trabajo diario de los millares de jueces españoles que cumplen con su papel. Devolverle al Poder Judicial la reputación perdida por culpa de aquel felipismo tan reacio a la división de poderes, de los habituales tembleques del TC y de la desgracia del bipartidismo, incapaz de reformar en casi cuarenta años el sistema de elección del CGPJ con una ley orgánica. Mucho menos la naturaleza y composición del órgano.

Se equivoca quien crea que lo simbólico tiene menos importancia que el desempeño efectivo. Siendo cierto que la mayoría de los asuntos que los jueces dirimen no guardan la menor relación con la política, ocurren varias cosas. A saber: lo simbólico forma parte de la realidad; lo simbólico determina la interpretación de la realidad; una pequeña parte de la judicatura ocupa los titulares; esa parte sí se ocupa de asuntos políticos porque está en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo; esa parte es vista por la opinión pública como el todo; cualquier juez que no pertenezca a tales instancias puede verse 'politizado' a su pesar por resoluciones que contraríen la agenda de los poseedores de la hegemonía cultural; es un hecho que el gobierno de los jueces está conformado por vocales que la infografía etiqueta con el logo de un partido u otro.

Así pues, aunque los jueces sean en su inmensa mayoría independientes, cuando se ocupan de ciertos asuntos van a parecer dependientes por mucho esfuerzo que apliquen en seguir cumpliendo con su deber sin interferencias. El CGPJ no solo debe ser elegido por jueces y nada más que jueces, sin pactos partidarios en las Cortes que siempre mancharán la reputación de la Justicia; de hecho, y de cara a una futura reforma constitucional, el CGPJ no tiene siquiera por qué existir, como ha sostenido con razones de difícil refutación el profesor Sosa Wagner. Con que el presidente del Tribunal Supremo, quizá con uno o dos asistentes, decida sobre promociones, sanciones, traslados (y poco más) de acuerdo con criterios preestablecidos y públicos, asunto resuelto. Mientras tanto, sería bueno que los marrulleros, los corruptos y sus encubridores más avanzados dejen de politizar la Justicia.