Corrupción en la Federación

Sucede que es la segunda vez en pocos años que la gestión federativa acaba en manos de la Policía y la justicia, y que los gobiernos vigentes en ambas ocasiones ha procurado apartarse como el que mira pasar un tren al lado de la vía. El caso de Villar fue recibido con la habitual pasividad del Ejecutivo de Rajoy, no muy distinta de la que en la misma época practicó ante el conflicto separatista. En el de Rubiales, toda la diligencia aplicada por el sanchismo para derribarlo por el 'kissgate' ha brillado por su ausencia a la hora de cumplir la obligación legal de tutela efectiva que el Ministerio de Cultura, a través del Consejo Superior de Deportes, mantiene sobre la organización futbolística. La RFEF es una entidad privada que ejerce funciones públicas por delegación del Estado, sometida al principio de «intervención mixta», y desentenderse de lo que en ella ocurre constituye una patente dejación política agravada por su indiscutible trascendencia simbólica y representativa.

Los indicios delictivos, o como poco irregulares, son conocidos desde hace bastante tiempo. Y afectan a contratos opacos, comisiones, fiestas con menores por medio, corrupción competitiva, dinero negro, todo eso con el horizonte de un Mundial que hasta ahora nadie se ha tomado en serio. El vacío de poder por la destitución del presidente no está cubierto, y el sistema electoral interno es un despropósito que el Gobierno se resiste a arreglar –puede hacerlo por decreto– porque el ministro anda muy ocupado descolonizando museos. El fútbol es una caja de resonancia de enorme eco, excelente como escaparate de éxitos pero también capaz de provocar crisis de prestigio de ruinosos efectos. En términos de reputación nacional, las detenciones de la cúpula dirigente dejan el crédito del país por los suelos. Y guste o no, existe más allá del dichoso beso una responsabilidad de supervisión incumplida por negligencia o por desistimiento.