El PSOE humilla al Estado

Finalmente, después de escenificar que lo decidiría en el último minuto, Puigdemont dio el 'sí' de sus diputados a la elección de Francina Armengol, una candidata que pese a su habilidad para contentar a la ultraizquierda y al nacionalismo supremacista, su sintonía con Puigdemont, y su cinismo a la hora de aprobar leyes discriminatorias con los no nacionalistas, fue apeada de la presidencia del gobierno balear por los votantes en las últimas elecciones autonómicas. La elección de Armengol dio lugar a una insólita carrera entre Junts y ERC por apuntarse las concesiones de los socialistas en el Parlamento. Los cuatro puntos de acuerdo se resumen en la elaboración de una ley orgánica sobre la lengua catalana para que esta sea «plenamente oficial en todas las instituciones del Estado», incluida la Justicia y de uso en el Congreso desde la primera sesión plenaria; la reapertura de la comisión de investigación sobre el caso Pegasus y la supuesta interceptación de teléfonos de los separatistas catalanes, el impulso de una nueva comisión sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de los que se cumplían este jueves seis años, y la «desjudicialización» de la asonada golpista del 1-O que, según ERC, quedó firmado en su acuerdo con el PSOE en los siguientes términos: «El Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las vías legales necesarias». El partido de Puigdemont advirtió, además, que lo pactado se limita a la elección de Armengol y no a la investidura del candidato a presidente del Gobierno.

Este acuerdo, cuyos términos hasta donde se conocen, son humillantes para un Estado europeo, puesto que permite contemplar su sistema judicial como un órgano represivo impropio de una democracia, es la base que le ha permitido al PSOE hacerse con el control del Congreso. Las comisiones de investigación pueden parecer concesiones menores, pero son un instrumento que permitirá a los separatistas ridiculizar al Estado, victimizar a quienes se rebelaron contra él el 1-O y extender la duda sobre la actuación de los servicios secretos para terminar de construir el relato de que los sublevados actuaron en nombre de la democracia.

Lo del uso de las lenguas cooficiales autonómicas en el Congreso es otro cantar. Menos de 24 horas después de que Pedro Sánchez anunciara que defendería el uso del catalán en las instituciones europeas, quedó en evidencia que una vez más ha mentido a los españoles al comprometerse a permitir el uso del catalán en el Congreso y aprobar una ley que prácticamente la convertirá en una lengua cooficial en todo el Estado. Las palabras de Armengol afirmando que autorizará el uso «de las lenguas cooficiales del Estado» esconden el hecho de que la única lengua oficial del Estado es el español y que las otras son cooficiales en sus comunidades autónomas. Lo grave del asunto no es sólo el paisaje berlanguiano que se apoderará de las sesiones, sino que se legitima la persecución de la lengua común en Cataluña donde aún hoy siguen sin cumplirse las sentencias judiciales que obligan a impartir al menos un 25 por ciento de las clases en castellano.

Crítica aparte merece la conducta del Partido Popular que en el último momento y al conocer el acuerdo de los socialistas con Puigdemont decidió romper sus propios pactos con Vox, no apoyarlos para conseguir un puesto en la Mesa del Congreso, y presentar así un centroderecha completamente dividido, aunque se quedara con cuatro puestos en el órgano de gobierno parlamentario. Feijóo entró ayer al Congreso con 172 escaños y salió con 139, que son los que consiguió su candidata, Cuca Gamarra. Un pésimo resultado un día que había que haber mostrado unidad constitucionalista ante unas cesiones anómalas.