El PSOE abandona la Transición

Durante semanas llevamos alertando de la enorme temeridad que entraña la amnistía y de su imposible encaje constitucional. El imperio de la ley no puede estar supeditado a los intereses partidistas puesto que son los políticos los que deben someterse a la norma, y no las normas al interés privado de nuestros gobernantes. Ese principio básico del Derecho y que es fundamento de la democracia liberal salta por los aires en el momento en el que la aritmética parlamentaria es capaz de comprometer el normal funcionamiento de la Justicia. La ignominia se hace aún más superlativa en el momento en que esta intervención del Estado de derecho se realiza de mano de las mismas personas que van a resultar beneficiadas: unos, por el alcance jurídico de la amnistía; otros, por los votos que recaban gracias a la quiebra del principio de legalidad.

Pedro Sánchez tiene perfecta legitimidad para intentar formar gobierno. Lo que no puede es someter las garantías constitucionales o principios básicos de nuestra convivencia a su interés privado ni al de sus socios. Las cesiones a Junts y a ERC son totales y, en gran medida, todas ellas son letales porque subvierten el marco de contrapesos entre los poderes del Estado. En el ámbito fiscal, además, el pacto alcanzado con los independentistas quiebra de facto no sólo la igualdad entre españoles, sino que tritura el principio de solidaridad que nos distingue como un Estado social y democrático de derecho, según se lee en nuestra Constitución. En nombre del progreso se permitirá desconectar a una región rica y bien provista de recursos de otros territorios más depauperados. A la quiebra formal de los españoles ante la ley, el PSOE ahora decide sumar, también, la ruptura de una igualdad material. Una pirueta imposible para un partido que aspira a ser reconocido en el marco de la socialdemocracia europea.

El pacto entre el PSOE y Junts incluye cesiones insospechadas y que abundan en el deterioro de nuestro Estado de derecho. La mera mención al 'lawfare' y la consideración de que el poder judicial estará sometido al escrutinio de las Cortes dinamita de forma definitiva la independencia de uno de los poderes del Estado. Cuestionar la legitimidad de los jueces era algo previsible en Podemos, en Sumar o en los independentistas, pero ahora es el propio PSOE, un partido de tradición institucional, quien acoge la posibilidad de intervenir políticamente las decisiones judiciales y hasta de perseguir a los magistrados. Al comunicado del CGPJ o al requerimiento preventivo del consejero de Justicia europeo, Didier Reynders, se suma el inédito texto consensuado por las cuatro asociaciones profesionales de jueces de nuestro país que concluye, de manera inequívoca, que el pacto alcanzado por los socialistas y Junts quiebra la separación de poderes.

La obsesión personalista de Sánchez, sin embargo, no camina sola. Ni tan siquiera es imputable a las exigencias que le imponen unos socios que tienen el objetivo explícito de quebrar nuestro ordenamiento jurídico y la unidad de nuestra nación. Esta ruptura con el pacto de convivencia forjado en la Transición ha requerido de la cooperación necesaria de un partido al completo que ha decidido someterse al hiperliderazgo de su secretario general. Nada de lo que ocurre se hará posible sin el concurso necesario de 122 diputados. Y la erosión de nuestra cultura democrática tampoco habría sido posible sin un entramado mediático y opinativo que ha intentado legitimar todos los excesos del PSOE con tal de anular la posibilidad de que exista una alternancia en el Gobierno.