editorial
El nuevo 'procés'
Las discusiones internas del nacionalismo ni son nuevas ni alteran los planes conjuntos del separatismo, el cual sigue dando cuerda a un nuevo 'procés'
Aunque el detonante del proceso de declaración unilateral de independencia culminado en octubre de 2017 fue el 'Acuerdo para la Transición Nacional' firmado por Artur Mas y Oriol Junqueras en diciembre de 2012, se puede remontar su origen político a la decisión del socialismo catalán ... de impulsar en 2003 un estatuto soberanista para Cataluña. La arquitectura política de aquella iniciativa fue un gobierno de coalición formado por el PSC y Esquerra Republicana, bajo la presidencia de Pasqual Maragall. Fue socialista la idea de un estatuto de corte confederal, que definiera a Cataluña como sujeto soberano y que diera legitimidad a su propio gobierno sobre la base de unos 'derechos históricos'. Y fue entonces cuando Zapatero se comprometió a respaldar el Estatuto que saliera de Cataluña, cosa que hizo, aunque en 2010 el Tribunal Constitucional, por un recurso del PP, en una sentencia de corto alcance y efecto largo, apoyada por la mayoría progresista, segó de raíz cualquier intento de equiparar un estatuto autonómico a la Constitución. Este era el objetivo del pacto aún vigente entre el nacionalismo catalán y el socialismo español, con la vista puesta en una derogación encubierta, pero efectiva, de la Constitución de 1978, y en un pacto de hierro contra la derecha española.
La sentencia del TC fue la excusa del separatismo para hacerse el ofendido y montar una campaña bien financiada y organizada que diera vida al proceso de independencia. Todas las normas aprobadas para esta finalidad fueron anuladas por el TC, pero, gracias al mantenimiento del poder autonómico, el nacionalismo perseveró en sus objetivos y convocó una primera consulta ilegal en 2014, celebró unas elecciones plebiscitarias en 2015 y, finalmente, desplegó el proceso que culminaría en la trama sediciosa del 1 de octubre de 2017.
Todo lo que ha sucedido a partir del 1-O demuestra que sigue en marcha otro 'procés', con métodos y contenidos diferentes, con el asombroso apoyo del socialismo catalán y del Gobierno central, pero con el mismo objetivo de excluir a Cataluña del ámbito de la Constitución de 1978 mediante legislaciones que hagan innecesaria una derogación formal de la norma fundamental del Estado. Por ejemplo, mediante la ley que aniquila el castellano en el sistema educativo catalán, a pesar de las sentencias del TC, del TS y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los acontecimientos hablan por sí solos. El PSOE condicionó al PP –y este se dejó– para aplicar un 155 limitado, en tiempo, forma y fondo, al Gobierno catalán. Desde entonces, el PSOE puso punto final a la colaboración con el PP en el asunto político más grave de la democracia española y optó por relanzar el viejo pacto del Tinell, aquel guion de Zapatero y Rubalcaba para aislar a los populares con un 'cordón sanitario', en el que solo faltaba Arnaldo Otegi. Y también hoy está Otegi. La sentencia del Supremo contra los sediciosos tuvo las réplicas partidistas de los indultos a los condenados y la deslealtad del Gobierno y del PSOE con la Sala Segunda del alto tribunal dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy, separatistas y socialistas son socios estables en el Congreso y en el Parlament, comparten una 'mesa de diálogo' y diseñan entre sombras la desconexión catalana del resto del Estado mediante leyes privilegiadas para Cataluña.
Las discusiones internas del nacionalismo ni son nuevas ni alteran los planes conjuntos del separatismo, el cual sigue dando cuerda a un nuevo 'procés', más acompasado a los efectos de las condenas penales impuestas por la Sala Segunda, aunque hayan sido indultadas, pero igualmente ratificado en sus objetivos, con el apoyo del socialismo español.
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