Montero: y ahora, corrupción

Los primeros hechos se remontan al año 2012 cuando, acuciada por la crisis económica y la falta de recursos, la Junta impuso una serie de recortes a los sueldos más altos de los funcionarios y trabajadores de su Administración. Sin embargo, estos ajustes decidieron no aplicarse a los directivos de la Fundación Salud y Progreso, entidad autonómica que presidía María Jesús Montero, entonces consejera de Salud y Bienestar Social. El asunto pasó desapercibido hasta 2016, cuando la Intervención de la Junta de Andalucía lanzó una alarma de la mayor urgencia en la que alertaba de una irregularidad de la que podrían desprenderse responsabilidades contables. En ese momento, quien debía decidir sobre la investigación de estos hechos era la misma María Jesús Montero que había sido designada por Susana Díaz como consejera de Hacienda, y que decidió dar carpetazo al expediente que la incriminaba a ella misma. La decisión de eludir los recortes a los que tuvo que hacer frente toda la sociedad andaluza la tomó el patronato de la Fundación en el que participó su presidenta.

Los documentos que acaban de salir a la luz suponen la última cicatriz en el desgaste político que sufre Montero y que han convertido una figura primordial del sanchismo en un activo tocado, si no sentenciado definitivamente.

La llegada a la primera fila del socialismo andaluz de Montero doblando el brazo traumáticamente a Juan Espadas no ayuda a la hora de aumentar su popularidad entre los votantes de la izquierda andaluza. El desembarco, envuelto en un ardoroso discurso de retóricas guerracivilistas evidencia un deseo de polarización al que la sociedad andaluza no parece dispuesta. Además, el intento de Sánchez de promover la popularidad de sus candidatos regionales eligiéndolos entre su Consejo de Ministros no parece surtir efecto en el caso de la titular de Hacienda que ha sido la responsable última del concierto fiscal y el resto de pagos a los independentistas a cambio de la supervivencia de Sánchez, un trato tributario y económico desigual e injusto con regiones como la andaluza.

El caso de los sobresueldos de la Fundación Progreso y Salud que habrían sucedido bajo la presidencia de María Jesús Montero coincide curiosamente en el tiempo con el choque entre los jueces andaluces y el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido y que se niega a que Europa pueda revisar sus sentencias. En ese caso, está en cuestión el indulto práctico con que el Constitucional exoneró a los responsables del caso de los ERE. Los sobresueldos de Montero y el perdón al que la ministra de Hacienda se sometió a sí misma ahondan en la tradicional percepción corrupta de sus gobiernos, una de las heridas por las que sangra el socialismo andaluz y que parece no cerrarse nunca.