Exterminar al disidente

Hay un signo común y constante en todas las tiranías: la hostilidad con respecto al que piensa diferente y critica al poder. Esta actitud alcanza su extremo máximo cuando se pasa de la deslegitimación o el señalamiento al exterminio físico. La muerte de Navalni ni siquiera es una excepción para Vladímir Putin y su régimen, cada vez más explícitamente totalitario. Desde que llegara al poder, y por más de que Rusia siga fingiendo formalmente ser una democracia, la lista de opositores represaliados no ha dejado de crecer. Boris Nemtsov, antiguo viceprimer ministro que llegó a sonar como candidato para suceder a Boris Yeltsin, murió tiroteado en 2015 al poco de apoyar una marcha en contra de la intervención armada en Ucrania. Boris Berezovsky, otro activista crítico con Putin, fue hallado muerto a las afueras de Londres en el año 2013. La relación de disidentes asesinados o fallecidos en condiciones sospechosas es extensa y muertes como las de Stanislav Markelov, Anastasia Baburova, Vladímir Golovliov, Natalia Estemirova, Anna Stepánovna Politkóvskaya, Alexander Litvinenko, Serguéi Yushenkov, Paul Klébnikov o la del propio Yevgueni Prigozhin dan muestra del despiadado trato que Putin procura a todos aquellos que afrentan su hegemonía.

Es posible que este cruel asesinato sea un signo de debilidad del Kremlin, como señaló el propio Navalni en un documental en el que llegó a preludiar su final. Pero esta supuesta debilidad de Putin no deja de entrañar un enorme riesgo para Europa y para el mundo libre en general. Las manifestaciones de esta semana de Olaf Scholz sobre la necesidad de rearmar a Europa o la advertencia del presidente del comité de inteligencia del Congreso de EE.UU. sobre la posibilidad de que Rusia esté desarrollando armamento orbital demuestran que el autócrata ruso puede suponer una amenaza para Occidente mucho más importante de lo que se había estimado hasta ahora.

Las conexiones probadas del independentismo catalán y de Puigdemont con la inteligencia rusa son ya imposibles de minimizar y nuestro país debería cobrar conciencia, tal y como han hecho Europa o EE.UU., de los riesgos que entraña la injerencia de Putin en Cataluña. Mientras nuestro Ejecutivo trafica frívolamente un paquete de privilegios con los independentistas catalanes, la realidad internacional se impone sobre un Pedro Sánchez que ha preferido mirar para otro lado con tal de defender sus intereses personales. Rusia está demostrando una sólida ambición a la hora de desestabilizar a las potencias europeas y tanto España como sus aliados deberían comenzar a cobrar conciencia de que muy probablemente estemos entrando en una situación excepcional en la que nuestras democracias serán sometidas a una tensión no prevista