Europa exige 'tolerancia cero'

La visita de esta delegación comenzó con una gran bronca política. La prensa oficialista cargó las tintas contra Hohlmeier y los diputados del PP y Vox que la integran, pese al carácter multipartidista del grupo. Las ministras Calviño y Montero se mostraron frías con la delegación y adujeron otros compromisos para evitar exponerse a un cuestionamiento a fondo. Finalmente los mayores reproches europeos han tenido que ver con el asunto de la malversación y la falta de transparencia que existe en el proceso de asignación de los fondos. Otras cuestiones como el mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas y la participación de las comunidades autónomas han quedado en segundo plano. Tampoco la delegación ha cuestionado que haya hitos que han comenzado a revertirse, como el de la autorización administrativa de los ERE, o el hecho de que la reforma de las pensiones siga en el aire. Los planes del ministro Escrivá están empantanados porque tantos los sindicatos como sus socios de Podemos en el Gobierno de coalición rechazan la idea de ampliar el número de años de la vida laboral para el cálculo de la pensión. Escrivá les ha ofrecido un sistema progresivo de cotizaciones para los salarios más altos sin aumentar la pensión máxima, idea que cuenta con el rechazo de los empresarios y autónomos. Ante la eventualidad de que la reforma fracase, el ministro ha estado en conversaciones con Bruselas, especialmente con el todopoderoso comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el italiano Paolo Gentiloni, auténtico líder de la Comisión que preside Ursula von der Leyen.

La reforma española de las pensiones ha sido motivo de discusión en Bruselas, donde se habla estos días sobre qué mecanismos debe utilizar la Comisión Europea si un país incumple los hitos y reformas a los que se había comprometido para obtener los fondos europeos. Que la Comisión esté discutiendo este asunto como si fuera una cuestión sobrevenida, que no se podía prever cuando empezó a liberar los fondos, es un claro ejemplo de lo mucho que han cambiado las cosas en Bruselas. Hace tiempo que la Comisión dejó de ser un gobierno tecnocrático que debía conducir a Europa por el camino de la racionalidad para convertirse en un organismo más interesado en mantener su popularidad y la de sus integrantes.

Poor otro lado, tiene lógica que la segunda delegación del Parlamento europeo de visita en España, que durante los últimos días ha examinado los efectos de nuestras leyes de igualdad, regrese «preocupada» a Bruselas, como admite en una entrevista a ABC la eurodiputada polaca que ha liderado la visita. Por un lado, porque los efectos de las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales en virtud de la 'ley del solo sí es sí' se extenderán durante al menos cinco años; por otro, porque las revisiones de condenas podrían llegar a beneficiar en el peor de los casos a casi 4.000 abusadores; y tercero, porque el problema «tiene mala solución». Así lo denunció también una representación del Poder Judicial español, al comparecer ante la eurodiputada. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad sigue en sus trece negándose a apoyar soluciones para resolver un conflicto que el empecinamiento de Irene Montero ha generado con una ley averiada de fábrica. Tampoco tiene mucho sentido lo asegurado por la socialista Carmen Calvo como presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, emplazando al Parlamento Europeo a no inmiscuirse en leyes nacionales. Que el Gobierno intente acallar una realidad no significa que esa realidad no exista y que, en efecto, haya alarma social.