España se dirime en Suiza

Todos los límites se han roto, toda línea roja ha sido barrida, y toda frontera de decencia democrática ha sido despreciada. El hecho de que el aeropuerto de Ginebra, con periodistas a la carrera tratando de averiguar dónde se iba a celebrar una cita entre el PSOE y Junts que finalmente fue secreta, y por supuesto destructiva del más mínimo principio de transparencia, revela la situación claudicante del Gobierno de España y su nula vocación por rendir cuentas ante la opinión pública. Es muy grave. Se esté pactando o no un futuro referéndum de independencia consentido por el Ejecutivo, o se pacte o no un régimen de privilegio fiscal para Cataluña demoledor para la igualdad entre todos los españoles, el espectáculo consentido por el PSOE sólo regala un triunfo al separatismo ante la comunidad internacional. El fondo de la reunión es el reconocimiento del Gobierno de que el Estado se sobrepasó tratando de impedir un golpe a las instituciones democráticas aquel 1 de octubre de 2017. La cita de Ginebra ha sido un altavoz propagandístico y mercadotécnico a mayor gloria del independentismo catalán que viene a avalar la tesis aceptada por Sánchez de que procede aplicar un 'lawfare' a los jueces españoles y que nuestro sistema judicial incurrió en una represión injusta de su ataque al Estado de derecho. La cita dio carta de naturaleza y legitimidad a lo que en democracia es inasumible, más aún cuando desde el propio Gobierno se ha reconocido que el fin justifica los medios y que si Sánchez no hubiese necesitado los votos de Junts para ser investido, nada de esto se habría producido.

La reunión se celebró en Suiza. No es casual. La iconografía de este país remonta a tiempos de neutralidad en conflictos bélicos. En guerras. El significante es tan relevante como el significado cuando el presente y el futuro de España se delibera de modo secreto en Ginebra. También lo es la semántica. El PSOE podrá suavizar cuanto quiera las expresiones para referirse al grupo de relatores internacionales. Pero no son árbitros, ni moderadores, ni notarios de nada. Tampoco son 'acompañantes', como los definió Sánchez, ni facilitadores. Son relatores, lo cual tiene una significación muy clara y una regulación específica en la ONU para la resolución de conflictos con afectación directa en la vulneración de derechos humanos. El elegido es Francisco Galindo, un diplomático salvadoreño. Ningún derecho humano se ha cercenado en España a un huido como Puigdemont. De hecho, su principal obsesión es quedar inserto en la ley de amnistía, incluso como acusado por delitos terroristas. Si disponer de un 'acompañante' fuera tan irrelevante como sostiene el Gobierno, ¿por qué todo ocurre a oscuras? Sánchez es el único responsable de que España dependa hoy de pactos contrarios a la misma esencia de la democracia.