EDITORIAL
Devastador para la igualdad
Es difícil encajar un discurso tan corrosivo en una democracia europea, salvo que quienes lo pronuncien busquen la quiebra de los consensos más básicos de nuestra sociedad
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Iniciar sesiónPor más que la vicepresidenta Montero quiera desviar la atención sobre su disparatada teoría acerca de la presunción de inocencia, y que este martes haya improvisado unas disculpas en las que volvió a insistir en que la sentencia absolutoria de Dani Alves «es un retroceso», ... sus palabras fueron muy claras y nítidas. No fue un exabrupto ni tampoco un exceso ajeno a la reciente tendencia antijudicial de su partido y de su Gobierno, cuyo presidente pasará a la historia por muchas cosas, entre ellas, la de haber presentado una ridícula querella contra un juez de instrucción de plaza de Castilla. Cuando María Jesús Montero dijo que le parece una «vergüenza» que la presunción de inocencia esté por delante del testimonio de una mujer, estaba expresando una convicción política antidemocrática dominante en el discurso de la izquierda española. La convicción de que la igualdad de derechos y la independencia judicial son vicios de la democracia liberal. Una y otra son las piezas de esta cacería dialéctica desatada por la absolución de Dani Alves, pero larvada y gestada desde hace mucho tiempo. Es imposible afirmar un discurso de igualdad entre hombres y mujeres si lo que se defiende es la prevalencia de una denuncia no solo frente a la prueba practicada en un juicio oral y público, sino frente a la mismísima presunción de inocencia, que forma parte del núcleo de derechos fundamentales de la democracia occidental, junto con el sufragio universal, la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Las palabras de Montero son un disparate, en efecto, pero orientado y articulado para romper el principio de ciudadanía democrática, para crear ciudadanos de primera y de segunda, para intimidar a los jueces y para establecer leyes de excepción entre iguales. Es difícil encajar un discurso tan corrosivo –y tan cercano a los viejos derechos penales de autor– en una democracia europea, salvo que quienes lo pronuncien busquen la quiebra de los consensos más básicos de nuestra sociedad. Y lo están consiguiendo. Afirmar que la denuncia de una mujer es más fuerte que la presunción de inocencia es el combustible que necesitan los que niegan la violencia machista, es un desaliento a las mujeres verdaderamente agredidas en sus libertades de todo tipo y una invitación a los jóvenes españoles –hombres y mujeres– a mirarse y a relacionarse con desconfianza. Lo que Montero considera progreso es una regresión a la delación sin pruebas, más propia de justicias medievales. Luego la número dos del Gobierno y sus palmeros se quejarán de que haya jóvenes desafectos con la igualdad, pero son sus discursos los que fuerzan el gregarismo entre chicos y chicas.
Lejos de ser un respaldo a las víctimas de las agresiones sexuales, el discurso de Montero las abandona a la suerte de su propios testimonios. Afortunadamente, la ignorancia de una ministra no es derecho aplicable por los tribunales de Justicia. Nuestros jueces han asumido las enormes dificultades que una mujer verdaderamente agredida en su libertad sexual puede tener para ofrecer una versión coherente y completa de su sufrimiento. Por eso, hay protocolos policiales y judiciales para la obtención de pruebas científicas que permiten completar las lagunas de la denuncia de una víctima, muchas veces traumatizada hasta el bloqueo mental. Montero y el coro que la jalea desprecian a conciencia el enorme esfuerzo que los cuerpos policiales, los fiscales y los jueces desarrollan, precisamente, para que la condena de un violador no dependa de una denuncia defectuosa. Violadores que, por cierto, se benefician más de la ley del 'solo sí es sí' que apoyaron las Montero –Irene y María Jesús– que de la presunción de inocencia que ampara a todos los ciudadanos.
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