editorial
Controlar el poder judicial
Una nueva interpretación creativa del Derecho ha bastado al TC para dar la coartada necesaria a Sánchez que le permita renovar el CGPJ a su medida sin tener que contar con el PP
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Iniciar sesiónLA disyuntiva a la que el Gobierno en funciones quiere abocar al PP para forzar una renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial en cuanto se produjese su investidura está repleta de trampas. Hace tres años, Sánchez ya intentó alterar las mayorías establecidas por ... la Constitución para imponer que la renovación del poder judicial se realizase con la mayoría absoluta de sus socios, o sea 176 escaños como mínimo, en lugar de con los tres quintos de la Cortes. Aquel intento de poner un fórceps a nuestro ordenamiento fue frenado por Europa, que rechazó una medida tan destructiva para la separación de poderes. Por eso Sánchez reaccionó después con una reforma alternativa y nociva, maniatando al CGPJ y prohibiéndole hacer nombramientos clave, especialmente en el Tribunal Supremo. De hecho, el Supremo es el único dique de contención institucional frente a un sanchismo que se ha apoderado del resto de instituciones, ejerciendo sobre ellas un control férreo y disciplinado. Valga el ejemplo del Tribunal Constitucional, donde tras acceder a su renovación, el PP ha visto cómo una mayoría de siete magistrados, tan afines al Gobierno que incluso uno de ellos fue ministro y otra, un alto cargo en La Moncloa, imponen un rodillo sistemático. No solo la presidencia del TC y la vicepresidencia están en manos de jueces designados por el PSOE, sino que Sánchez siempre se ha negado a que el PP pueda cubrir una vacante que le corresponde. No quiere riesgos ni cabos sueltos ante futuras sentencias.
En este contexto de presión del poder ejecutivo sobre todas las instituciones se incardina la última maniobra del TC, que ha consistido no sólo en avalar la parálisis del CGPJ, sino en añadir en esa sentencia una 'morcilla' puramente política que servirá de 'doctrina' para que Sánchez pueda aprobar la reforma que le permita renovar el Consejo con 176 escaños, y no con los tres quintos, lo que exigiría un acuerdo con el PP. Y más aún ahora, cuando el PP tiene 137 escaños y no los 89 de la anterior legislatura. La pretensión de Sánchez es que el PSOE, los nacionalistas, separatistas y Bildu impongan una reforma que Europa ya ha rechazado, negando así la proporcionalidad que en buena lógica parlamentaria debería atribuir hoy al PP más vocales que al PSOE. Lo que se está diseñando es una alteración de las reglas del juego, la superación de la Constitución por una ley orgánica de rango inferior, y un desafío a Europa. Eso sí, con el TC prefabricando una doctrina para que Sánchez haga y deshaga en el CGPJ, y aceptando con criterios de obediencia debida algo muy similar a un fraude de ley. La tesitura es tramposa para el PP: o se sienta a negociar ya con Sánchez y acepta sus condiciones con el fin último de controlar la justicia, o el PSOE y sus socios dan un manotazo al tablero. Por legítimas que sean las sentencias del TC, el resultado sería idéntico: una interpretación creativa del Derecho bastará para desvirtuar lo que el constituyente dejó claro para proteger los contrapesos entre poderes. Así, Sánchez tendrá vía libre para crear un CGPJ a su medida.
El PSOE y el PP, el PP y el PSOE, tanto monta, se han equivocado demasiado en los últimos cinco años vetándose mutuamente y culpándose con relatos muy poco convincentes. Tienen la obligación de negociar y pactar conforme a lo que establece la ley, sin más. De lo contrario, el salto cualitativo que Sánchez se dispone a dar si logra ser investido supondrá un castigo a la independencia judicial, un error político irreversible, y una merma de calidad democrática.
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