La amenaza de Sánchez al CGPJ

Según ha precisado Sánchez, el supuesto «incentivo perverso» que llevaría al Partido Popular a no renovar a los vocales del CGPJ sería su capacidad para realizar nombramientos relevantes, como los del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia. Para desbloquear la situación, el presidente propone sustraer dichas competencias al órgano de gobierno de los jueces para, teóricamente, arbitrar una fórmula más objetiva y transparente. A pesar de que su anuncio ha sido sumamente vago y poco concreto, sí precisó que habría de ser el Congreso, es decir, el poder legislativo que cree controlar, quien debería asumir o refrendar esas funciones, lo que resentiría, de nuevo, la separación de poderes.

En su intervención en la televisión pública, que preside interinamente una militante socialista, Pedro Sánchez retorció el artículo 1 de nuestra Constitución y señaló, errónea e interesadamente, que «todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los diputados». El anacoluto es palmario, puesto que la propia Cámara Baja, junto con el Senado, es uno de los poderes que emanan de la soberanía nacional y, por lo tanto, no puede ser su equivalente ni su fundamento.

Más allá de la confusión conceptual e institucional exhibida por el presidente, es evidente que nuestro país debe desbloquear la situación del CGPJ, pero tiene que hacerlo cumpliendo la doble encomienda que persistentemente ha formulado la Unión Europea a través de los sucesivos informes sobre el Estado de derecho. El imperativo comunitario es doble: deben renovarse los vocales y debe arbitrarse un nuevo método de elección en el que los jueces elijan su órgano de gobierno, preservando la independencia de los tres poderes y respetando así uno de los fundamentos esenciales de cualquier democracia constitucional.

Intentar despolitizar la justicia dotando de más posibilidades de influencia al poder legislativo es un contrasentido. Alguien con la trayectoria de Sánchez, que ha sido capaz de convertir a un exministro en magistrado del Tribunal del Constitucional o en fiscal general del Estado, a un antiguo secretario de Estado en presidente de la agencia EFE, o a un miembro de su ejecutiva en presidente del CIS, debería manejarse con un mayor pudor a la hora de hablar de regeneración democrática e independencia. Es tan visible la injerencia política que entraña el ardid del presidente que, de forma inmediata, la asociación mayoritaria de jueces, la APM, ha considerado esta amenaza como «inaceptable» y un «atropello constitucional». Desafortunadamente, no es la primera ocasión en la que, con una coartada argumental supuestamente regeneracionista, Sánchez intenta colonizar instituciones que deberían ser estrictamente neutrales.