Editorial ABC

Torra se ríe otra vez del Estado

Resulta humillante que el presidente de la Generalitat persista en esta actitud y que no haya una réplica inmediata del Estado más allá de una hipotética querella por desobediencia

Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y muchos de sus consejeros se negaron ayer a acatar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que les concedía un ultimátum de 24 horas para retirar todos los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos para garantizar la neutralidad en periodo electoral. Torra ya ha consumado su nuevo desafío al Estado, y ahora solo falta que el Estado replique con contundencia a este nuevo abuso del separatismo catalán contra la legalidad. Acogerse, como ha hecho Torra, al dictamen del Síndic de Cataluña es escurrir el bulto, poner en jaque al máximo órgano electoral español y tomar el pelo a todos los electores catalanes. Lo que proponga o no el Síndic será tan irrelevante como la opinión del jefe de bomberos de la Generalitat, en la medida en que es un órgano autonómico sin capacidad alguna de imposición jurídica sobre la JEC, con el añadido de que es un órgano político de la propia Generalitat destinado a ser la voz de su amo.

Cuando la Generalitat se ampara en piruetas jurídicas absurdas como esta para cuestionar al Estado es porque su decisión de desobedecer es firme. La Delegación del Gobierno informó a la JEC de los lazos y esteladas que siguen colgados en hasta ocho consejerías, una muestra «representativa», según La Moncloa. Y como ocurrió en alguna ocasión anterior, la Junta deberá denunciar los hechos ante la Fiscalía para que inicie un proceso penal por desobediencia. La Fiscalía no puede dudar en esta ocasión porque sentaría un precedente muy peligroso. De hecho, hay algún antecedente idéntico que concluyó en condena e inhabilitación para una alcaldesa de la CUP en la localidad de Berga. El artículo 410 del Código Penal resulta clarificador y poco interpretable a este respecto.

Resulta casi humillante que Torra persista en esta actitud y decepcionante que no haya una réplica inmediata del Estado más allá de una hipotética querella por desobediencia. Si Torra se quiere inmolar camino de una inhabilitación, el Gobierno tiene la obligación de cumplir con lo dictaminado por la JEC. El tactismo de Sánchez, esa especie de perfil bajo de su Ejecutivo en tan grave asunto, es una muy mala noticia para España. La retirada de símbolos no permitidos debió ser automática ayer mismo. Si finalmente Torra es acusado pero los lazos y esteladas siguen colgando de los balcones oficiales, ni la neutralidad electoral se habrá garantizado, ni el ciudadano podrá percibir la fuerza coercitiva del Estado cuando se vulnera la ley. Dar oportunidades de «diálogo» a Torra es una pérdida de tiempo. Es evidente que se vuelve a reír del Estado de Derecho y que sigue disfrutando de una imagen de inmunidad que debe avergonzar a todos los demócratas.