Torra se ríe otra vez del Estado

Cuando la Generalitat se ampara en piruetas jurídicas absurdas como esta para cuestionar al Estado es porque su decisión de desobedecer es firme. La Delegación del Gobierno informó a la JEC de los lazos y esteladas que siguen colgados en hasta ocho consejerías, una muestra «representativa», según La Moncloa. Y como ocurrió en alguna ocasión anterior, la Junta deberá denunciar los hechos ante la Fiscalía para que inicie un proceso penal por desobediencia. La Fiscalía no puede dudar en esta ocasión porque sentaría un precedente muy peligroso. De hecho, hay algún antecedente idéntico que concluyó en condena e inhabilitación para una alcaldesa de la CUP en la localidad de Berga. El artículo 410 del Código Penal resulta clarificador y poco interpretable a este respecto.

Resulta casi humillante que Torra persista en esta actitud y decepcionante que no haya una réplica inmediata del Estado más allá de una hipotética querella por desobediencia. Si Torra se quiere inmolar camino de una inhabilitación, el Gobierno tiene la obligación de cumplir con lo dictaminado por la JEC. El tactismo de Sánchez, esa especie de perfil bajo de su Ejecutivo en tan grave asunto, es una muy mala noticia para España. La retirada de símbolos no permitidos debió ser automática ayer mismo. Si finalmente Torra es acusado pero los lazos y esteladas siguen colgando de los balcones oficiales, ni la neutralidad electoral se habrá garantizado, ni el ciudadano podrá percibir la fuerza coercitiva del Estado cuando se vulnera la ley. Dar oportunidades de «diálogo» a Torra es una pérdida de tiempo. Es evidente que se vuelve a reír del Estado de Derecho y que sigue disfrutando de una imagen de inmunidad que debe avergonzar a todos los demócratas.