¿Tanto vale la estabilidad?

El disputado voto del señor Pedro Quevedo, representante de Nueva Canarias, ha sido el más comentado, aunque en absoluto el más gravoso. Ni a mil millones de euros ha llegado la inversión pactada en el archipiélago, donde por otra parte era de justicia reparar desequilibrios históricos. Ciudadanos y Coalición Canaria han brindado su respaldo prácticamente gratis, lo que demuestra su patriotismo o su condición de panolis, dependiendo de cómo se mire. Lo del PNV, en cambio, clama al cielo. Nunca cinco escaños resultaron ser tan rentables ni tan magistralmente gestionados en beneficio propio, con absoluto desprecio del interés general. Claro que los hijos de Sabino Arana son expertos en el arte de recoger nueces y hasta han incrementado la cosecha ahora que el separatismo catalán ha asumido el liderazgo de la lucha por romper España y ellos pueden presentarse como el «socio leal» del Gobierno. Ellos saben lo que hacen, llevan décadas haciéndolo y cuentan con la complicidad de un PP y un PSOE que nunca han considerado seriamente la posibilidad de poner fin a este abuso reformando con su mayoría las reglas de juego vigentes en materia electoral.

En esta ocasión los de Urkullu consiguen un «Cupazo» de 4.245 millones de euros, que incrementará aún más el ya escandaloso privilegio fiscal de esa comunidad autónoma; una demarcación que se permite gastar el doble por habitante que la media nacional y recibe del Estado más de lo que aporta al conjunto, pese a ser la segunda en renta per cápita, detrás de la muy solidaria Madrid. Consiguen un incremento notable en inversiones en alta velocidad y otros capítulos. Y consiguen, además, el acercamiento de los presos de ETA, incluidos los más sanguinarios, a cárceles próximas a sus hogares, en un movimiento acordado de tapadillo y hasta negado por el ministro del Interior que comenzará a producirse a partir de este mismo verano con la máxima discreción posible. Algo así como una Vía Nanclares generalizada, cuya puesta en marcha se nos venderá como fruto de un falso imperativo legal similar al invocado para poner en la calle al asesino Bolinaga. ¡Al tiempo!

Cada sí nacionalista vasco va a suponer una puñalada a las víctimas del terrorismo además de costar al contribuyente 849 millones de euros y subrayar que residir y votar en Madrid, Murcia o Valencia te convierte en un ciudadano de segunda, comparado con uno de Bilbao, Vitoria o San Sebastián afecto a la papeleta jeltzale . Un precio demasiado alto por una «estabilidad» que habrá podido buscarse en una llamada a las urnas aprovechada, de paso, para hacer limpieza en las listas y renovar candidatos manchados por la corrupción.