El problema es la libertad

Van sobrados y se han encontrado que aunque tienen el control del poder Ejecutivo y el poder Legislativo, les falta el poder Judicial. Y cuando Iglesias les provoca diciendo que no puede ni imaginar su imputación, está garantizando que ésta llegue porque no es imaginable que el Supremo rechace el auto del juez García Castellón. ¿Qué hará entonces el partido que es el socio minoritario del Gobierno? ¿Promover el asalto del Supremo por turbas «populares»?

El Código Ético de Podemos establece en su punto IX,C que «todos los cargos electos y cargos internos de Podemos aceptarán (...) La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante, evitando, desde la responsabilidad del cargo público, el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial». Si Iglesias hubiera cumplido con el código ético de Podemos ya habría tenido que renunciar. Porque la única razón por la que García Castellón ha tenido que remitir al Supremo el auto es porque el vicepresidente se acoge a su aforamiento. Si cumpliera con el código ético de Podemos, Iglesias estaría hoy investigado. Es decir, ya se le habrían imputado delitos.

En paralelo a este golpe del Poder Judicial llegó ayer otro -las ramas de ese poder son muy frondosas- con la decisión de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que rechaza autorizar el paquete de restricciones acordado por la Comunidad de Madrid en cumplimiento de la orden del Ministerio de Sanidad para frenar la expansión del coronavirus. El fondo del asunto es muy claro. El problema es la libertad. Y ésta no puede ser restringida por meras órdenes ministeriales. Sánchez lo dijo con toda claridad en alguna de las múltiples horas de «Aló Presidente» que sufrimos en primavera: justificó seguir prorrogando el estado de alarma porque sólo con él podía restringirse la libertad de movimientos. Y ahora pretende que lo impongan las comunidades obedeciendo a ocurrencias de Illa. El desgobierno que vivimos es cada día más evidente. El caos es total.

El vicepresidente se atreve a desafiar bravuconamente al Supremo. El ministro de Sanidad, fiel ejecutor de las órdenes de su presidente, no contó con la posibilidad de que un tribunal superior autonómico desbaratara su estrategia. Cuando te crees tan arriba, no miras allí abajo. Todo esto demuestra que nuestra democracia todavía tiene esperanza de supervivencia porque hay un poder que actúa con autonomía, con libertad. Lo grave de esta hora, más allá de lo trágico que es el virus, es que las fuerzas totalitarias que forman hoy parte del Gobierno, creían que esto iba a ser un paseo militar e iban a poder controlar todos los poderes. Ya tienen planificado cómo tomar el Judicial, pero en estas horas, el virus y el caso Dina han puesto en evidencia que el Estado de Derecho en España todavía no ha sido derribado por quienes quieren tumbar esa última barrera de conteción democrática. Más nos vale que sean capaces de resistir el fiero embate.