Puertas giratorias

Tan sólo un mes después, a primeros de julio, nombraba a Juan Manuel Serrano al frente de Correos. Serrano había sido durante años su jefe de Gabinete y es funcionario de la Federación de Municipios. Estos eran sus méritos para gestionar una empresa con más de 50.000 empleados. Prácticamente al mismo tiempo el Gobierno designó a Óscar López, exsecretario de Organización del PSOE, como presidente de Paradores. Ninguno de los dos tenía experiencia en el sector empresarial.

En una obvia perversión del lenguaje, Enagas acaba de proponer como «consejeros independientes» a José Montilla y a José Blanco. El sueldo bruto anual que van a percibir es de 160.000 euros. La propuesta parte de la entidad estatal SEPI, accionista de la compañía, como reconoció anteayer Pedro Sánchez, lo que equivale a admitir que han sido nombramientos políticos. Al igual que el de la exministra Beatriz Corredor al frente de Redesa y tantos otros que resulta imposible enumerar.

No cabe sorprenderse de que Enagas, que cotiza en Bolsa, haya actuado con este criterio porque ya figuran en su consejo Ana Palacio, Isabel Tocino y Hernández Mancha, designados por el PP. Pero las prácticas de la anterior etapa no justifican las actuales, máxime cuando se había prometido lo contrario.

El dirigente más inflexible y crítico con las puertas giratorias ha sido Pablo Iglesias, que también ha aprovechado la ocasión para colocar a su asesor Cristóbal Gallego en el consejo de Enagas. Esto es lo que dijo el líder de Podemos hace menos de un año: «Son una forma legal de corrupción que aprovechan las grandes empresas para comprar exministros. Suponen un peligro para la democracia».

Un reciente estudio de Hay Derecho concluía que el sector público empresarial es una agencia de colocación de expolíticos sin la menor cualificación profesional ni experiencia previa. Los ejemplos son vergonzosos y sangrantes.

Los nombramientos de Montilla, Blanco y Gallego se producen en un momento en el que la Administración ha mostrado sus carencias, dejando en evidencia la falta de eficiencia y la disfuncionalidad de un aparato burocrático, sobrepasado por la pandemia.

Cuando más necesario era demostrar que los nombramientos en el sector público se realizan en función de los principios de mérito y solvencia profesional, Sánchez ha querido dejar claro, blanco sobre negro, que el único criterio es la afinidad política. Llueve sobre mojado porque estas prácticas comenzaron en la época de Felipe González hasta convertirse en algo habitual que a nadie sorprende. Así nos va.