Nostalgia de tiempos imaginados

Las cinco premisas son las siguientes. Primera, la dignidad de un territorio está por encima de la dignidad de las personas que allí viven y trabajan, lo que nos retrotrae directamente al feudalismo y supone olvidarnos del renacimiento. Segunda, «un viejo pueblo europeo» tiene derechos preexistentes a la democracia y a la Constitución de 1978, derechos no escritos ni codificados que interpretan los sumos sacerdotes depositarios de la fe nacionalista y que permiten expedir certificados de sangre; derechos por cierto que reaparecen en el siglo XIX como una auténtica contrarreforma ante el liberalismo republicano que viene de Francia. Tercera, una sentencia negativa supone enterrar el espíritu de la Transición. Fue el presidente Zapatero el que decidió personalmente enterrar la Transición. Su espíritu hubiera obligado a pactar con el Partido Popular un Estatut, que ahora se reconoce forma parte del bloque constitucional. Su espíritu hubiera obligado a aprobarlo en referéndum por mayoría absoluta (50 por ciento del censo) en todas las provincias, como se le exigió a ese joven pueblo andaluz. Y su espíritu hubiera aconsejado someter el texto a recurso previo de constitucionalidad. Cuarta, los pactos están para cumplirlos y el Tribunal Constitucional no puede actuar como un cirujano de hierro sino que está obligado a aplicar la justicia relativa. Es una afirmación increíble, completamente totalitaria, pues supone que el presidente del gobierno, en una larga noche de conversaciones en La Moncloa, compromete a todas las instituciones del Estado. Se carga la separación de poderes de Montesquieu y el imperio de la ley de Kelsen. Si la verdad absoluta no existe en democracia, repasemos lo que se escribe a propósito de la libertad religiosa o del aborto por ejemplo, tampoco existe para la causa nacionalista. Si los pactos están para cumplirse, liberemos ya a los dos piratas del «Alakrana». Si la causa nacionalista justifica los medios, cerremos el Constitucional, el Parlamento y el Gobierno de España y avancemos todos unidos hasta la victoria final. Y quinta, el creciente hartazgo de la sociedad catalana exige una sentencia favorable al Estatut. Si me permiten una distracción, esto es cómo decir que el hartazgo de los socios del Real Madrid justifica que la UEFA amañe los partidos y gane la Champions. Lo que sin duda crisparía a los socios del Barcelona. En serio, la sociedad catalana no es solo nacionalista y cuando tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre un texto estatutario no demostró un gran interés. Y aunque lo fuera, eso no compromete a las instituciones del Estado. La sociedad catalana no exhibe el estatuto como su gran preocupación. Al día siguiente de la sentencia no pasará nada, no desaparecerá la Generalitat, ni el catalán, ni siquiera el AVE. Basta de amenazas de aquellos mismos que hace unos años decían que no pasaba nada, que los catastrofistas éramos otros.

Dicho todo esto, tenemos dos problemas. El editorial refleja el sentir de una parte de los catalanes y una parte de los españoles se sienten indignados. Nunca antes la Cataluña oficial se había distanciado tanto de la España real. Sólo nos quedan las instituciones. Y fundamentalmente el Tribunal Constitucional. Que su fallo sea sólo en Derecho. Y que luego los políticos hagan lo que crean que deban hacer, incluida en su caso una reforma de la Constitución. Pero sin atajos, utilizando los mecanismos previstos en la propia Constitución. Todo lo demás es incompatible con la democracia.