Más impuestos, menos crecimiento

El Gobierno de Pedro Sánchez no solo pretende disparar de nuevo el gasto público, repitiendo así los errores cometidos por el PSOE tras el estallido de la crisis, sino que emprende una agresiva persecución fiscal contra las rentas altas y las grandes empresas bajo la ilusión de poder financiar tales dispendios, cuyas consecuencias serán negativas para la economía nacional. Los Presupuestos de 2019 incluyen, entre otras medidas, una subida del IRPF a partir de 130.000 euros y la fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades -del 18 para bancos y petroleras-. Como consecuencia, unos 100.000 contribuyentes deberán abonar 4.100 euros más de media a Hacienda, mientras que 10.000 empresas tendrán que pagar casi 176.000 euros extra. Y ello sin contar el aumento del Impuesto sobre el Patrimonio, que afecta a grandes fortunas.

Es una política fiscal demagógica, ya que, a diferencia de lo que pregonan los partidos de izquierda, ambos colectivos ya soportan una de las cargas tributarias más onerosas de la OCDE, mientras que el Impuesto sobre el Patrimonio está en vías de extinción. Esta estrategia es muy ineficiente desde el punto de vista recaudatorio, puesto que su capacidad para incrementar los ingresos es reducida y, desde luego, insuficiente para cubrir el aumento de gastos previsto. Lo más preocupante es que resultará perjudicial a nivel económico. La batería de golpes fiscales de Sánchez, con la ayuda de Podemos, castiga a los trabajadores más cualificados y, por tanto, desincentiva la formación de capital humano y la atracción de talento, al tiempo que reduce el margen de las empresas para invertir y crear empleo, minando el crecimiento potencial del país.