La podadora de Marlaska

Vamos con el relato. Un particular presenta una denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que es también secretario general del PSOE madrileño. Lo acusa de haber permitido manifestaciones y otros actos multitudinarios entre el 5 y 14 de marzo, como la marcha feminista del 8-M, el mitin de Vox en Vistalegre o un partido del Atlético con 60.000 espectadores. El denunciante cree que en aquellas fechas ya existía conocimiento del riesgo sanitario, por lo que se puso en peligro a sabiendas la salud de los vecinos.

A finales de marzo, la magistrada del Juzgado de Instrucción 51, Carmen Rodríguez-Medel, pide a la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que investigue y prepare un informe, un atestado. Los guardias civiles recogen que seis días antes de la marcha del 8-M, encabezada por Calvo e Irene Montero y promocionada por el aparato propagandístico del Gobierno, ya existía una advertencia del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades sobre el riesgo de concentraciones así. También recuerdan que el representante de España en ese organismo era el doctor Simón. La magistrada se cuida de exigir formalmente a la Policía judicial que su informe sea objetivo y confidencial. El jefe último de esos agentes es el coronel Diego Pérez de los Cobos, de 56 años y currículo notable, conocido por haber sido el responsable del operativo contra el referéndum separatista de 2017. El coronel se significó además por enfrentarse con dureza al exjefe de los mozos Trapero durante su juicio. No goza precisamente de las simpatías de los socios independentistas de Sánchez.

Arranque del lunes. A Marlaska le entra una prisa súbita y fulmina sin explicaciones a Pérez de los Cobos, que destacó contra ETA y luego fue asesor de Rubalcaba y de su sucesor del PP. Solo unas horas después, se hace público el auto de la juez imputando al delegado del Gobierno por posible delito de prevaricación al permitir citas como el 8-M. El ministro no da explicaciones, solo «pérdida de confianza» (en los medios oficialistas, «falta de lealtad»). ¿Qué habría sido lo correcto según Marlaska, juez de profesión? Pues que el comandante se fumase la exigencia de confidencialidad de la magistrada y se fuese corriendo con el informe de sus agentes al despacho del ministro, a fin de que el Ejecutivo pudiese torpedear al poder judicial y proteger a su hombre. A este Gobierno lo delatan siempre reflejos de sesgo autoritario.