Inmigración: abusos y rectificación
El Gobierno catalán, presidido por José Montilla, va a implantar una política de auténtica asimilación de los inmigrantes que residan en Catalaña que deja corto el «contrato de integración» que en su día propuso el PP. El tripartito sólo expedirá el certificado de arraigo a ... los inmigrantes que acrediten conocer la «sociedad de acogida» y la lengua catalana, dando cuerpo a una inmersión lingüística dudosamente compatible con el correlativo reconocimiento de derechos de otra naturaleza a través de la ley estatal de inmigración, porque el idioma oficial en España es el castellano. Con razones acertadas el PP se opone a este plan sobre inmigración porque considera que la Generalitat se entromete en competencias del Estado. La fragmentación interna de políticas y legislaciones acerca de la inmigración puede reproducir a escala nacional las contradicciones que la Unión Europea ha querido zanjar con una estrategia común a todos los Estados miembros. La asimilación sólo a la cultura y la lengua cooficial de una determinada autonomía genera una nueva fuente de segregación para los inmigrantes y dificulta su movilidad por el territorio nacional. La inmigración ilegal es un problema serio para el futuro de la sociedad española, al igual que para el resto de sociedades europeas, y resultaría inexplicable que la convergencia que se está construyendo para Europa se deshiciera entre las autonomías españolas. Pero el problema de fondo ya no es que un determinado gobierno autonómico nacionalista se tome unas libertades legislativas que no le corresponden, sino que promueva políticas sobre asuntos generales al amparo de un Estatuto que lo permite porque ha dividido el ejercicio de la soberanía nacional.
A escala nacional, la política sobre inmigración es otro de los apartados en los que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha tenido que rectificar y asumir algunas de las propuestas que tradicionalmente ha planteado el PP, como ha sucedido también con la política antiterrorista. La rectificación es bienvenida porque demuestra que hacía falta cambiar la legislación de extranjería, aunque llegue tarde y sea previsible que no resulte tan eficaz como lo habría sido hace años. La crisis económica vuelve a evidenciar los fallos estructurales de una política de Estado.
De la regularización masiva de 2005 se ha pasado a una política de restricción, que ayer oficializó el Consejo de Ministros con el visto bueno al anteproyecto de reforma de la ley de extranjería. Básicamente, la reforma combina palo y zanahoria. Por un lado, aumenta el plazo de retención de los inmigrantes en un centro de internamiento de cuarenta días a un máximo de setenta. También limita la reagrupación familiar a familiares directos y a los ascendientes mayores de 65 años. Por otro, reconoce a los inmigrantes sin papeles derechos individuales, como la asistencia jurídica, la sanidad o la educación, e incluso derechos políticos difícilmente compatibles con la ilegalidad de su residencia, aunque hayan sido reconocidos por el Tribunal Constitucional. La reforma trata de combinar las nuevas directrices de la Unión Europea sobre inmigración ilegal con la doctrina del TC. Políticamente, esta reforma es un reconocimiento implícito de algunos de los errores cometidos en la anterior legislatura y que sólo empezaron a ser asumidos como tales cuando el PSOE comprobó que el discurso más sincero y firme del PP estaba calando en la opinión pública e incidía en la orientación del voto para las elecciones generales de marzo pasado.
Cuando el PP proponía aumentar la eficacia de los procedimientos de expulsión -lo que suponía ampliar el periodo de internamiento- o anunciaba la revisión de la reagrupación familiar, el PSOE lo acusaba de fomentar la xenofobia y el racismo. Ahora, esto es lo que propone el PSOE, aleccionado por la UE, para quien la experiencia de la regularización masiva de inmigrantes en 2005 fue decisiva para impulsar una política común, en sentido contrario a la defendida por el PSOE en su primera legislatura.
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