Golpe-Groucho

A la CUP no le gustó. A los jueces, espero que les haya mostrado la verdad de este chiste siniestro. Anteanoche, Puigdemont proclamó un golpe de Estado cuya aplicación material declaró ejecutable en diferido. No contento con decirlo, firmó -firmaron todos los del bloque independentista- una explícita declaración de independencia. Los jueces no pueden no tomar nota. Porque esto no concierne sólo al 155 ni a las leyes o normas de excepción que deban activar Ejecutivo y Parlamento. Esto concierne a la violación del Código Penal en vigor. Recuerdo su literalidad:

«Artículo 472. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución… 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional… 7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Y sus penas:

«Artículo 473. 1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años».

Ni siquiera es ahora prioritaria la intervención del Gobierno. Lo es la de los tribunales. La rebelión alzada incluye a 17.000 hombres armados, bajo el mando de alguien ya investigado por igual delito. Si se quiere evitar que la raya de la guerra civil sea cruzada, urge desarmar el ejército privado de Puigdemont y poner a sus hombres bajo mando militar constitucionalista.

De no hacerse así, Cataluña será lo que la declaración de independencia del día 10 proclama: «En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña, constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. Disponemos la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República».

Setenta y dos sediciosos de la CUP y el Junts pel Sí proclamaron, en la noche del martes, una República Catalana independiente. Se podría decir que son una banda de alucinados. Y muy probablemente, sea cierto. Pero alucinación y delito no se excluyen. Iluminado y criminal no son incompatible.

Los alucinados, que reciben órdenes de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Trapero, han creado ya su Ínsula Barataria. O su Jardín de Edén. Su bucólico paraíso de creyentes. Impera allí la ley de Groucho. O sea, la que les venga en gana. Es hora de que la justicia intervenga. La justicia, con muchísima más urgencia que el Gobierno. El Gobierno administra relaciones de poder. La justicia castiga el crimen. Automáticamente.