Un Gobierno que no debió ser

El Tribunal Supremo confirmó ayer el grueso de las condenas que dictó la Audiencia Nacional en 2018 contra antiguos cargos del PP y varios comisionistas por diversos delitos cometidos a través de la trama Gürtel, que los magistrados describen como «un auténtico sistema de corrupción ... que manipuló la contratación pública entre 1999 y 2005 a través de su relación con influyentes miembros» de ese partido. El Alto Tribunal reafirma la pena del PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por terceras personas, y también por el que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, y en este sentido la actual dirección del partido admitió ayer la gravedad de unos hechos «que son condenables y están ahí». No obstante, la sentencia deja en evidencia a uno de los magistrados de la Audiencia Nacional, el progresista José Ricardo de Prada, quien se extralimitó en sus funciones al incluir en el fallo reproches de índole penal a Mariano Rajoy y al PP como organización. De Prada lo hizo de modo injustificado e improcedente, sometiendo a un criterio judicial que nadie le había pedido la acusación genérica de que Rajoy conocía las ilegalidades, y dando por supuesto que el PP disponía de una contabilidad B, cuando realmente esos hechos no eran juzgados. Esa acusación formal contra el PP no existía en este proceso concreto -aunque sí en otra causa paralela-, y por eso, no habiendo una acusación previa de la que poder defenderse, nunca debió incluirse una «reflexión» tan impropia e ilegítima en la sentencia. Fue un pastiche deliberado que De Prada no tuvo reparo ético en redactar, y eso le sirvió para postularse a un cargo en el Consejo General del Poder Judicial que el PSOE pensó concederle como premio.