Con nieve y sin Estado

No podemos pedir que aquí sea lo mismo. Eso -lo comprendí mejor, años después, en Islandia o en Laponia- forma parte de la normalidad en geografías donde la nieve es regla. La inversión en maquinaria adecuada y el hábito de respuesta ciudadana no se improvisan. Es normal que aquí la nieve nos enrede en el péndulo de lo inesperado: el gozo de jugar con el algodón de los copos, también la indefensión con la que, luego, quedamos presos en una traicionera pista de patinaje. Uno y otra son determinaciones de esa geografía amable que es la nuestra.

Pero hay algo que sí debiéremos exigir en un país moderno; sean las que fueren sus peculiaridades climáticas. Y eso, que los impuestos de los ciudadanos pagan, se llama Estado. Lo que hasta el más precario rincón de la UE posee. Eso de lo cual hemos carecido en este pobre país nuestro, desde que el llamado Estado de las autonomías hizo de España un Estado fallido, que era la puerta de una nación fallida: esta que, a lo largo de cuatro decenios, hemos descuajaringado por completo.

La nieve, ese bello avatar meteorológico, puede trocarse fácilmente en emergencia. Y ante una emergencia nacional, sólo un Estado-nación puede dar garantía a la completa ciudadanía de que su vida quedará sólo afectada en la menor medida posible; no paralizada de modo indefinido.

Sánchez e Iglesias han perseverado en su guerra contra las autonomías que no controlan: contra Madrid, sobre todo, y contra esa Isabel Díaz Ayuso a la que han convertido en su obsesión; y a la que sólo han conseguido alzar a un nivel de prestigio y popularidad, hace dos años inimaginable. Pero un gobierno que, desde La Moncloa, agota sus energías en sabotear a los poderes locales, no es un gobierno de Estado: es una secta que existe sólo para garantizar los empleos de sus gentes y aniquilar a aquellos en quienes puedan ver un riesgo de competencia. Pagamos los ciudadanos. Como siempre.