La única solución posible

En estas situaciones, los organismos estatales sanos resisten los efectos de la pandemia mejor que los deteriorados. España es un caso claro del segundo grupo, afectada por profundas anomalías constitucionales, congénitas e interpretativas, que se han ido agravando con el tiempo y agotado por la pandemia. Todo se improvisó cuando en la legislación vigente que regula el funcionamiento del Estado estaba todo contemplado. El Consejo de Seguridad Nacional no se ha reunido, el Sistema de Seguridad Nacional ausente, las Cortes de limitadas, el Tribunal Constitucional en letargoy un largo etc. Se empleó el método de la prueba y error, se efectuaron múltiples pruebas y se incurrieron en incontables errores. Eso no es un Estado.

Hemos visto la puesta en práctica de una serie de actuaciones que pasan por “políticas” y que son meros cambalaches. Las ultimas prórrogas del Estado de Alarma, se han efectuado mediante trueques que nada tenían que ver con el mismo, como son privilegios territoriales o negociaciones cuya finalidad es vulnerar el orden constitucional.

España va a afrontar una situación muy difícil ya que, en los últimos cuarenta años, ha vivido tan dependiente de Bruselas que se ha convertido en extremadamente vulnerable cuando el mundo hierve inmerso en un profundo e inconcreto cambio. La denominada “reconstrucción” debe de ser más amplia que los daños del virus, hay que afrontar un periodo “reconstitucional” o, lo que es lo mismo, volver a la plena vigencia de la Constitución mediante la separación de poderes e igualdad ante la ley.

La “reconstrucción”, si resulta ser más política que técnica, conseguirá consolidar y ampliar las desigualdades territoriales y las finanzas públicas se desmoronarán. No puede ser un producto de los partidos políticos, pues en España casi todos están fosilizados, son monolíticos y actúan de claque del jefe. Sólo con ver la composición de las mesas de las Cámaras y la subordinación del legislativo al ejecutivo es suficiente.

Otro tema peligroso es el de la separación dual de poderes, a las relaciones ejecutivo/legislativo con el judicial. Corre la leyenda urbana que la responsabilidad por los actos políticos no es perseguible por la justicia. Hay que ser conscientes que la “responsabilidad política” es una metáfora, lo que entra en la jurisdicción civil, penal o administrativa son los efectos consecuencia de esos actos. El que todos somos iguales ante la ley ha demostrado ser un deseo constitucional. La sedición catalana es una muestra clara de ello, el cumplimiento de la pena es controlado por la administración sediciosa. Al ser la Justicia competencia exclusiva del Estado, ¿cómo es que las autonomías tienen parte de esa competencia?

Si la “nueva normalidad” reconstruida es el manido paradigma de la “nación de naciones” o el de la “España Federal”, seguiremos en la nescencia, incapaces de hacer frente a una realidad internacional que no guarda sitio para los corruptos y los débiles.

Si la “nueva normalidad” es la gobernanza sin control constitucional, la democracia se nos irá entre los dedos, algo que ya está ocurriendo.

Si la “nueva normalidad” consiste en el mantenimiento de la diferente representación parlamentaria de los españoles dependiendo el territorio en que vivan, es tremendamente injusto.

Si la “nueva normalidad” se forja mediante el trapicheo en el Congreso con asuntos que atentan contra los derechos y la igualdad de los españoles, es delictivo.

Me parece que la única solución posible para salir de este callejón sin salida, es desechar democráticamente a este mal gobierno, que a veces se asemeja más a una banda que a un gobierno democrático y situar a un auténtico líder arropado de los mejores a través del consenso de los partidos constitucionalistas.