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Y ahora, el Tribunal de Cuentas

La Moncloa presiona al Tribunal de Cuentas para que mire hacia otro lado, incumpla su función fiscalizadora y se subordine a los intereses políticos de Sánchez

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Al Gobierno le ha surgido una dificultad con la que no contaba a la hora de promover sus gestos de concordia con el separatismo catalán tras los indultos. El Tribunal de Cuentas, cuya función es dirimir la responsabilidad contable de cargos políticos que han hecho ... un uso indebido de dinero público, mantiene abiertas distintas causas que afectan a algunos de los líderes golpistas y a dirigentes de la Generalitat por el dinero malversado para convocar el referéndum ilegal del 1-O. Es probable que Pedro Sánchez no contase con que estas causas no pueden ser monitorizadas por La Moncloa de la misma manera con la que trata de controlar a todas las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de su estrategia. Por eso el ministro José Luis Ábalos, visiblemente molesto con la actuación del Tribunal de Cuentas, dijo ayer con total impunidad que esos procedimientos sancionadores para que el independentismo devuelva todo el dinero malversado son «piedras en el camino». El argumento es la enésima humillación de otro organismo del Estado: como la prioridad es que Sánchez pacte una hoja de ruta soberanista con ERC, nadie debe interponerse, ni siquiera la mismísima legalidad. Se trata de un llamamiento de La Moncloa para forzar al Tribunal de Cuentas a que mire hacia otro lado, incumpla su función fiscalizadora y se subordine a los intereses políticos, porque, como ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Supremo por sedición y malversación, todo debe ser papel mojado para el regreso triunfante de los líderes independentistas a la escena política. Nunca ningún Gobierno en democracia desplegó tanto desparpajo para inutilizar las armas de un Estado de derecho y favorecer sin sonrojo alguno a quien quiere dinamitarlo.

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