Lo sabían y mintieron

Díaz afirmó ayer en una radio amiga que su ministerio preparó en febrero de 2020 una guía para empresas con consejos frente al Covid-19, algo ya sabido. La vicepresidenta no ahorró detalles en la respuesta que recibió dentro y fuera del Gobierno, porque su intención ayer era no solo alzarse como una avanzada en la lucha contra el virus, sino también la de cargar sobre la mayoría socialista del Gobierno una dolosa indiferencia hacia la tragedia que se avecinaba. En efecto, Pedro Sánchez y sus ministros sabían que había una pandemia en marcha, pero callaron para que el movimiento feminista tomara las calles el 8-M.

Las palabras de la ministra de Trabajo se proyectan en un doble frente. Por un lado, demuestran que el Gobierno es un despropósito: no existe como tal sino como etiqueta de dos partidos en competición, el uno contra el otro, por mejorar sus posiciones electorales. Por otro, confirman que ABC y otros medios de comunicación tenían razón cuando alertaron de la imprudente convocatoria del 8-M. Díaz dice que la tacharon de «alarmista» cuando el 15 de febrero de 2020 presentó el documento a sus colegas del Consejo de Ministros. Dos semanas antes, el 31 de enero, la Organización Mundial de la Salud decretó la alerta sanitaria internacional, que es la alarma más grave que este organismo puede activar conforme a su normativa. Sánchez siempre se escudó en que la OMS no habló de pandemia hasta el 11 de marzo, pero esto no fue más que una declaración de prensa, sin valor jurídico. El Gobierno socialista debió actuar el mismo 31 de enero, respondiendo al llamamiento de la OMS. Eran los tiempos en que Fernando Simón decía que en España sólo habría «uno o dos casos» de infectados. Más de cien mil muertos desmienten a Simón, a Pedro Sánchez y a todo su Ejecutivo.

Díaz se presenta ahora con un oportunismo desleal hacia el Gobierno que vicepreside, porque este rapto de sinceridad debió tenerlo en febrero de 2020, cuando sus compañeros del Consejo de Ministros no le hicieron caso, incluso despreciaron su presunta diligencia previsora. Salir ahora a marcar terreno propio, después de haber sido voz del coro oficial contra la oposición, los medios y la opinión pública crítica con la gestión de Sánchez no la redime de su responsabilidad, sino que la ratifica. Pero también confirma lo que la sociedad española sabía: que Sánchez nunca dijo la verdad sobre la pandemia, y esa mentira condicionó la respuesta sanitaria del Estado, a cuyo fracaso en la primera ola se puso sordina con un estado de alarma inconstitucional.

Es necesaria una comisión de investigación en el Parlamento, aunque la mayoría gubernamental la frustre de antemano. Y si hubiera una Fiscalía a la altura de su misión constitucional, ya habría incoado diligencias para investigar la delación de Yolanda Díaz, la primera arrepentida en activo en un Gobierno español.