Un prófugo en libertad

Estas condiciones no dejan lugar a duda sobre la legalidad de la detención practicada por la Policía italiana -y así lo entendió el juez encargado del caso-, que se produjo por el normal funcionamiento del espacio Schengen, en el que está operativo un sistema de alertas con las euroórdenes vigentes. El equipo defensor de Puigdemont y el Gobierno catalán volvieron a mentir sobre la situación del expresidente: España no ha engañado a nadie, ni a los jueces o policías italianos, ni al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Ha funcionado la normativa que las instituciones comunitarias dieron a los Estados miembros para que realmente la Unión Europea fuera un espacio de colaboración leal entre sus tribunales para el castigo de los delitos cometidos en su territorio. ¿Acaso es sorprendente que a un fugado de la Justicia lo detenga la Policía?

Lo que distorsiona en parte este planteamiento legal es la serie de consideraciones que el TGUE hizo el pasado julio, al afirmar que la cuestión prejudicial planteada por el magistrado Pablo Llarena ante el Tribunal de Justicia de la UE suspendía la tramitación de las órdenes de detención. Pero tal cosa es una interpretación del TGUE, o de quien se dirigiera a él en nombre del Estado español, que en ningún caso aparece en las resoluciones del magistrado Llarena. A este criterio del TGUE se aferra la defensa de Puigdemont para lograr que se le conceda de nuevo la inmunidad parlamentaria. Si fuera así, el TGUE estaría haciendo un flaco favor a la euroorden y, en general, a la confianza recíproca entre Estados miembros y sus tribunales, que ya han llevado a España a ser ridiculizada en varias ocasiones.

En el plano político, la detención de Puigdemont se ha estrellado en el maltrecho escenario catalán. Los independentistas de Junts se ven reafirmados contra la política pactista del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien no tendrá más remedio que extremar su discurso frente a Pedro Sánchez para no verse superado por sus socios de Junts y la CUP. Entre tanto, la mesa de diálogo corre el riesgo de naufragar, porque la nueva detención de Puigdemont la deja sin máscaras ni imposturas. Si, como dijo ayer Aragonès, no hay más solución al ‘conflicto’ que la amnistía y el derecho a la autodeterminación, el Gobierno de Pedro Sánchez debe dar la mesa por clausurada, porque nada de eso se puede negociar. El riesgo de perder el apoyo de ERC en plena negociación por los Presupuestos puede llevar al Gobierno a no hacer todo lo necesario para conseguir que Puigdemont sea entregado a la Sala Segunda del TS para su enjuiciamiento por los delitos de sedición y malversación. Sánchez se comprometió en 2019 a traer a Puigdemont a España. Lo que ha hecho ha sido indultar a los que fueron condenados por el 1-O, deslegitimar la legislación penal española ante Europa, tachándola de desproporcionada, y dando trato de socio preferente al partido que instó la sedición de Cataluña contra el orden constitucional español. Hay muchas incógnitas abiertas sobre lo que puede suceder en el plano jurídico y político. Pero hay una certeza fundamental: Puigdemont es un prófugo cuya vuelta a España solo es posible para ser juzgado por sedicioso y malversador. Y el Estado español no debe ni puede dejar de hacer todo lo posible por conseguir ese objetivo.