El TC desmonta a Sánchez

El TC es nítido tanto en su pronunciamiento jurídico sobre el alcance de la restricción de las libertades –y lo abusivo de lo acordado por Sánchez–, como en el varapalo político que supone para su Gobierno. Sobre todo, porque empiezan a acumularse en el TC sentencias, como la reciente que declaró ilegal el nombramiento de Rosa María Mateo en RTVE, que configuran la idea de que Sánchez incurre en conductas desmedidas de poder. En el caso de la alarma, pese a la legítima y compleja discusión doctrinal del Tribunal, el fallo es especialmente grave porque lo vulnerado es el derecho fundamental a la circulación de los españoles. La repercusión de esta resolución traerá también consecuencias en el orden penal, porque fueron muchos los ciudadanos sancionados con multas por burlar el confinamiento, o porque hubo detenciones, condenas por desobediencia y allanamientos de morada para impedir, por ejemplo, reuniones de amigos. Y ahora, ¿qué?

El Gobierno ha expresado su irritación por que el TC haya asumido parcialmente el recurso de Vox, que fue quien recurrió la ilegalidad del primer estado de alarma. Moncloa ha defendido que fue inevitable por la letalidad e incertidumbre de la pandemia, y porque considera injusto un fallo así a posteriori. Sin embargo, de eso se trata. De alumbrar doctrina y establecer los límites del poder omnímodo de cualquier gobierno sobre los derechos esenciales. Más aún, la reacción del Ejecutivo desprende cinismo: la izquierda clama ahora por la división radical del TC, como si eso fuese un motivo deslegitimador de su fallo, y en cambio, cuando el Tribunal se fractura y sentencia en favor de cualquier tesis del Gobierno, entonces la resolución siempre es un acierto, y quien queda aislada en una minoría sectaria es la derecha. Esto solo es oportunismo de salón por una sentencia que retrata un modo de gobernar, compatible desde luego con lo desvelado por ABC sobre la presión que ejerció la destituida Carmen Calvo sobre los magistrados para dictar una sentencia a la medida de Moncloa. Ese debe ser el concepto sanchista de patriotismo.

El Tribunal, con ponencia de Pedro González Trevijano, establece que entre el 14 de marzo y el 4 de mayo de 2020 no hubo una mera limitación de libertades, sino una auténtica suspensión del derecho de circulación. Y que, en su caso, para ello debió haberse acordado un estado de excepción, y no de alarma. La mayoría del Tribunal estima que fue un vaciamiento o una cesación de un derecho esencial, y no una simple restricción, de modo que no cuestiona en sí las medidas adoptadas, sino su adecuación jurídica a lo que realmente regula la ley de alarma en España. El argumento es compartible y en ningún caso es una venganza ideológico-judicial. Que no se equivoquen Sánchez ni el flamante nuevo ministro Félix Bolaños, considerado el cerebro jurídico de la alarma ahora delatada por el TC. Además, vuelve a romperse el mito de que los magistrados responden automáticamente a la ideología o a la imposición política de los partidos que los nombran. Andrés Ollero, propuesto por el PP, avaló la legalidad de la alarma impuesta por Sánchez y consideró innecesario el estado de excepción. Lo mismo ocurre con el presidente del TC, Juan José González Rivas, quien ha convertido en una incisiva rutina votar junto a magistrados progresistas. En sentido contrario, Encarnación Roca, designada en su día por el PSOE, ha votado ahora con la mayoría conservadora, lo que refleja que el TC no es una extensión de los partidos, sino un órgano con amplia disparidad de criterios respetables. Es Sánchez quien debe entenderlo también cuando pierde.